BORDEAR LA LEY

Cualquiera que desempeñe un puesto de responsabilidad en una Administración pública y le toque interpretar y aplicar normas jurídicas a diario, sabe muy bien que existe una tendencia natural a bordear la ley. Como tantas veces he dicho, las leyes suelen ser simples productos políticos y, como tales, contienen grandilocuentes declaraciones de intenciones, garantías draconianas, rimbombantes derechos y procedimientos escrupulosísimos. El problema viene cuando los funcionarios se enfrentan a la cruda realidad, al día al día de la tramitación de expedientes sin salirse ni un ápice del ordenamiento jurídico. Esta tarea puede ser ardua y en algunos casos imposible, y más cuando concurren circunstancias especiales como la urgencia, la limitación de recursos o los criterios de oportunidad (eufemismo de “intereses electorales”), lo que sucede por lo general en aquellos niveles fronterizos entre la Administración y la política.

En la práctica suele darse un tira y afloja entre las autoridades o funcionarios obligados a cumplir un determinado objetivo político en un plazo perentorio y los titulares de los diversos órganos de fiscalización, responsables de velar por el cumplimiento estricto de las reglas procedimentales. Casi invariablemente los primeros se empeñan en defender interpretaciones más o menos forzadas de la norma que permitan agilizar el procedimiento (obviando trámites o acortando plazos) o bien una mayor discrecionalidad en la selección de contratistas, la mayoría de las veces sin otra intención que prestar un servicio más ágil y eficiente. Los segundos sudan la gota gorda para conciliar en sus informes las necesidades operativas del alto cargo de turno con el respeto escrupuloso de la legislación aplicable. A veces puede llegar a haber presiones, normalmente en forma de sutiles intentos del político y sus colaboradores inmediatos de convencer al fiscalizador de que ese artículo tan fastidioso de la Ley de Régimen Jurídico o de la de Contratos podría llevarse un poco más al límite para ganar unas semanas o adjudicar la obra a una empresa que responda. 

En esta entrada quiero recopilar con humor los diez argumentos que más se utilizan en la Administración, en las reuniones y conversaciones de este tipo, para sugerir de forma eufemística que se vulnere la normativa. Cuando un gestor público pronuncia alguna de estas frases, es aconsejable estar alerta, extremar las precauciones y mirar los papeles con lupa para dilucidar su verdadera intención, si solo intenta arrimar el ascua a su sardina ante un precepto dudoso o acaso la serpiente de la prevaricación se empieza a deslizar por el expediente.

Ahí van las temidas frases:

1.- “Interpretar los artículos al pie de la letra lo sabe hacer hasta un niño; lo difícil es saber encontrar soluciones”

2.- “Yo creo que en este punto la jurisprudencia es vacilante”.

3.- “Pues en la Dirección General de (…) lo hicieron como yo os estoy proponiendo y no pasó nada”.

4.- “En las leyes siempre pueden encontrarse soluciones a todos los problemas, pero hay que estar dispuesto a buscarlas”.

5.- “Yo solo os hago una pregunta: ¿Qué puede pasar, en el peor de los casos, si lo hacemos como yo digo?”

6.- “Lo importante no es tanto la letra de la ley como su espíritu”.

7.- “Por favor, no me seáis más papistas que el Papa”.

8.- “Manolo, ¿qué tal, majo? Oye, que me acaban de contar que en tu informe nos quieres hacer tres reparos a la resolución que te pasamos el otro día,  y ya les he dicho yo: ¿Manolo? ¡Imposible! ¡Habrá sido un mal entendido! Que Manolo es un hombre proactivo y flexible y se puede dialogar con él…

9.- “Esa es una interpretación demasiado formalista, ¿no os parece?”.

10.- “Por mí, hacedlo como queráis; yo solo os recuerdo que el Alcalde ha dicho que tiene que estar resuelto antes del jueves”.