QUE NOS QUITEN LO BAILAO

Las condenas de estos muchachos no se habrían visto afectadas por la anulación de la doctrina Parot

El Catecismo de la Iglesia Católica deja bien claro que la pena de muerte solo es legítima “si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas”, pero que “si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios” y que hoy en día “como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos". 

Incluso aquí en La pluma yo reconocí hace tiempo que es muy difícil delimitar en qué casos es verdaderamente imprescindible ejecutar a una persona para que esta deje de representar un peligro grave para la sociedad, y que no se me ocurría casi ninguno, pues las cárceles actuales permiten colocar a cualquier agresor en situación de no hacer ningún daño. Estrujándome el cerebro me preguntaba si en un conflicto bélico la pena capital podría convertirse en único remedio para frenar determinados crímenes de los que se cometen aprovechando la inestabilidad y la ausencia de cauces judiciales, cuando ni las cárceles son seguras ni pueden ser vigiladas debidamente. También especulaba sobre la posibilidad de aplicarla en supuestos de terrorismo a gran escala, atentados contra la salud colectiva, daños irreversibles al medio ambiente que repercutan intensamente en la población, estragos de gran envergadura o golpes de estado con grave efecto desestabilizador, pero, vamos, todo desde un punto de vista muy teórico.

Sin embargo, la reciente anulación de la doctrina Parot me ha hecho retomar la reflexión y preguntarme muy seriamente si de verdad hoy, como dice la Iglesia, un Estado siempre tiene la posibilidad de neutralizar a los criminales más peligrosos con “medios incruentos”, sin quitarles la vida. Es cierto que una privación de libertad perpetua o de muy larga duración, acompañada de estrictas medidas precautorias, resulta a simple vista una alternativa irreprochable a la pena de muerte, por cuanto parece cumplir tanto el objetivo de la seguridad como el del respeto a la vida humana. Pero hemos de reconocer honradamente que, visto lo visto, ni una sentencia condenatoria a la reclusión más larga y en la cárcel más hermética puede considerarse una solución definitiva y eficaz, pues nada impide que pasado mañana un nuevo gobierno apruebe una ley penal o penitenciaria más favorable (y por lo tanto retroactiva); que un órgano jurisdiccional internacional dicte una sentencia arbitraria que implique la excarcelación de asesinos y violadores con máximo riesgo de reincidencia, o que al politiquillo de turno, jugando a pescar votos o negociando con terroristas, le dé por amnistiar o indultar al buen tuntún a los delincuentes más siniestros del país. 

O sea que un gobierno consciente y responsable podría regular unas penas de prisión severas que, en efecto, hicieran innecesario “suprimir al reo” pero llegar otro al año siguiente con un código penal de la Madre Teresa de Calcuta (con todos los respetos) que convirtiera las sentencias más garantistas en papel mojado.

¿Qué mejor solución a este problema que regular y aplicar, sin pucheros ni aspavientos, sin escrúpulos ni mojigaterías, la pena de muerte a los malhechores más peligrosos para la sociedad? Luego si llegan otros al poder, ellos verán, pero que nos quiten lo bailao...