ATAR CORTO A LOS EMPRESARIOS

 
En la agria confrontación que, con el actual modelo económico, siempre existirá –por desgracia- entre empresarios y trabajadores, uno no puede evitar tomar partido descaradamente por estos últimos por ser la parte más débil y machacada.

Soy el primero en defender que debería impulsarse al máximo la inversión privada y la iniciativa empresarial, dando facilidades sobre todo a los jóvenes emprendedores. Pero no creo que este apoyo y estos beneficios deban otorgarse nunca a costa de los curritos, como tantas veces se hace con el pretexto de la “flexibilización del mercado de trabajo”. ¿Qué coño significa eso de la "flexibilización"? Pues, en román paladino, es putear a los trabajadores facilitando los contratos de mierda y el despido para que los beneficios empresariales sean mayores y la gente se anime a montar empresas. Y así no.

El gran problema de este país son las contemplaciones que se tienen con el colectivo empresarial, que tan sobrado está de jetas, estafadores y ladrones tipo Ruiz Mateos. Un antiliberal furibundo como yo siempre anda suspirando por meter mano a la patronal y recordarla, aunque sea por las bravas, que, por mucho que ellos contribuyan a la riqueza nacional, detrás de todo empresario y dependiendo de su gestión hay familias enteras cuya vida y cuyo futuro no pueden bailar al son del capricho o la avaricia de un fulano.

En España, las facultades de la Administración en materia sociolaboral son raquíticas y así nos va, con una ralea de vampiros chupando la sangre a los currantes hasta la última gota sin que el Estado diga ni Pamplona. Debería apostarse por una legislación ambiciosa que arbitrara una intervención pública activa en todas las fases y aspectos de la vida de la empresa, desde su nacimiento (cofinanciando las ideas valiosas pero también abortando los proyectos suicidas e inviables), pasando por la duración de los contratos, la cuantía de los sueldos y el cumplimiento de los horarios y de las obligaciones de las partes, y llegando a la extinción de la relación laboral, que solo podría producirse con las máximas garantías, so pena de incurrir el empleador en un delito social grave con castigo de cárcel. Hay que atar corto a los piratas.

Empresario y trabajador son las dos partes del negocio y ninguna de ellas ha de prevalecer. Tener ideas y poner pasta no vale más que levantarse todos los días a las 7 y deslomarse diez horas para dar de comer a los hijos. Cada parte tiene sus obligaciones y han de ser cumplidas escrupulosamente con la supervisión del Estado cuando sea preciso. Si los trabajadores no rinden o desobedecen al patrón en su labor de dirección, a la calle, de acuerdo; pero primero el patrón deberá demostrar los hechos ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales. Si no puede hacerlo con rigor, habrá de ser castigado sin contemplaciones y mantener al empleado en su puesto. Si por el contrario es el empresario el que incumple, por ejemplo no pagando el salario en plazo, deberá ser sancionado, a ser posible penalmente.

Hay pocos bienes jurídicos que merezcan más protección que el derecho a un trabajo y a un sueldo dignos.
Todas estas medidas, incompatibles con la Constitución y con las directrices comunitarias, las echo en falta especialmente en esta época tan difícil. Nadie puede negar que nos sacude una crisis severa, pero tampoco que a río revuelto, ganancia de pescadores. En estos tiempos de vacas flacas, no solo todos los cojos de España le echan la culpa al empedrado, sino que surgen por generación espontánea multitud de arribistas que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, bajan los sueldos a capricho, echan sin indemnización y putean a sus trabajadores para sacar tajada. La crisis es caldo de cultivo de explotadores sin escrúpulos. Ahora más que nunca hay que ser implacable con los empresarios que abusan.

Todas estas medidas intervencionistas deberían atenuarse o intensificarse en función del tamaño de la empresa y de otros factores, dando mayor margen de libertad a las pequeñas empresas familiares y, en cambio, teniendo el látigo siempre a punto con los holdings gigantescos de los que dependen miles de bocas.

Puede que alguien me pregunte quién se lanzaría a montar una empresa en estas condiciones, que para mí no son draconianas, sino sociales y equitativas. Y mi respuesta es que en esa sociedad ideal que me imagino, probablemente invertir en proyectos industriales o comerciales no siempre sería voluntario, sino que los poderes públicos podrían incentivar o incluso forzar a los inversores reticentes en función de los intereses económicos nacionales.

Bueno, uno tiene derecho a levantarse soñador de vez en cuando, ¿no?