LOS INTERINOS DE LA AGUIRRE

A principios de este mes, la ultraliberal Presidenta de la Comunidad de Madrid anunció importantes recortes en las retribuciones de todos los empleados públicos de su Autonomía, en concreto un tijeretazo a la paga de diciembre y la eliminación de diversos complementos (no conozco los detalles), lo que se suma a las decisiones ya adoptadas en este sentido por el Gobierno Zapatero en 2010 respecto a los trabajadores de todas las Administraciones.

En el momento de anunciar su decisión, Doña Esperanza hizo un comentario que a mí me dejó boquiabierto. Señaló que bajar el sueldo a todo el personal era preferible “a echar a la calle a los 40.000 interinos que tiene la Comunidad de Madrid”. Es decir, en un alarde de supuesta solidaridad optó por pagar menos a funcionarios, laborales e interinos antes que mandar al paro a estos últimos.

No quiero comentar mis opiniones sobre la medida en sí y sobre si de verdad es justa y solidaria; hacerlo seguramente me llevaría varios posts con abundante y aburrido fundamento jurídico. Lo único que quiero ahora es reflexionar acerca del volumen y la utilidad real de los interinos de la Comunidad de Madrid.

Digo yo que al diseñar la política de personal de una Administración lo primero que habrá que estudiar y tener claro es si los interinos, en este caso 40.000, hacen falta o no para el funcionamiento eficaz de dicha Administración.

Si concluimos que sí son necesarios, entonces habrá que mantenerlos, ya que de lo contrario se resentirían gravemente los servicios públicos. Si aun así, no hay dinero, es entonces cuando se podría llegar a barajar una bajada de sueldo a todos los empleados públicos o solo a los interinos, como han hecho otras Comunidades Autónomas abriendo un debate en el que yo tengo una clara postura que no voy a compartir aquí.

Si, por el contrario, del análisis efectuado se saca en claro que esa Administración podría funcionar razonablemente bien sin contar con ese número de interinos, lo suyo es prescindir de sus servicios sin mayor dilación; de todos o de los que se consideren sobrantes. No hacerlo así equivale a estar pagando sueldos a trabajadores que no se necesitan con el dinero de los contribuyentes, lo cual es inmoral a todas luces porque una Administración pública no es ni puede ser una ONG para colocar a gente a diestro y siniestro, y mantenerlos a la sopa boba solo por camuflar las cifras de desempleo. La inmoralidad se agrava si también se hace paganos de esta situación a aquellos empleados a los que jurídicamente no es posible despedir (todavía), reduciéndoles el salario.

Y la Presidenta ha sido más clara que el agua. No se puede insultar de una manera más directa y más desvergonzada a los ciudadanos, a los funcionarios y, sobre todo, a los propios interinos. De sus declaraciones se desprende con toda claridad que estos 40.000 interinos sobran porque están rascándose los huevos en sus puestos de trabajo, y que, a pesar de ello, en un gesto de magnanimidad, como haciéndoles un favor, se ha decidido que sigan sin dar ni golpe pero cobrando de los impuestos de todos los madrileños y a costa de los funcionarios con oposición ganada.

La condesa de Murillo deja caer sin rodeos que sus únicas opciones eran bajar el sueldo a todo el mundo o mandar a los interinos a la cola del paro, de lo que se deduce inequívocamente que se podría prescindir del personal sustituto sin gran quebranto de la Administración, pues damos por sentado que ni siquiera se habría planteado el despido de 40.000 personas si las considerara esenciales en la plantilla autonómica o los servicios a los ciudadanos corrieran grave riesgo con esta opción. De modo que si se apuesta por hacer tabla rasa con todo perro pichichi es por pura caridad, por misericordia con un colectivo que se entiende que está de más y al que se sigue echando de comer por razones sociales o estratégicas en estos momentos de crisis.

Pero es que a lo mejor precisamente en estos momentos no estamos para esta clase de "caridades" a costa de los contribuyentes o de los funcionarios de carrera, que no tienen la culpa de que durante todos estos años los chiringuitos autonómicos hayan ido generando, sin ninguna necesidad real, un inmenso ejército de interinos. Ah, y por supuesto que los interinos tampoco tienen ninguna culpa, pero…