EL MATRIMONIO DE LOS APÓSTATAS

Aunque defiendo sin rodeos un estado confesional católico, creo en la separación entre Iglesia y Estado. A algún superficial le puede parecer contradictorio, pero no lo es. Un estado confesional católico sería el que reconoce esta religión como oficial, ampara a la Iglesia y facilita su labor, y se compromete a legislar conforme a los valores cristianos. En un estado así (aunque rara vez se ha logrado en la práctica) podrían deslindarse perfectamente las respectivas competencias estatales y eclesiásticas sin incurrir en mezclas, vasallajes, clientelismos ni controles mutuos, separando, como digo, ambos ámbitos. El estado no tiene por qué tolerar que los curas se entrometan en asuntos políticos, ni la Iglesia debería permitir que ningún régimen intentara influir en la religiosidad de sus fieles en beneficio de sus intereses de gobierno.

Una de las cuestiones en las que la frontera entre ambas jurisdicciones más ha costado definir a lo largo de la historia es el matrimonio. Y aunque parezca mentira, en la actualidad, en plena democracia laica, existe una indeseable confusión de facultades al respecto precisamente por culpa del estado, que en mi opinión pisa ilegítimamente el terreno de la Iglesia.

La primera premisa de la separación entre estado e Iglesia es que ambos se reconozcan y respeten mutuamente sus respectivas jurisdicciones en materia matrimonial. El estado puede y debe regular el matrimonio civil para proteger los muchísimos derechos e intereses derivados de la unión entre un hombre y una mujer (menores, manutención de los contrayentes, titularidad de bienes, etc), pero debería tener muy claro que el modelo de matrimonio que regule jamás puede yuxtaponerse con el matrimonio canónico, respecto al cual solo la Iglesia tiene competencia.

En otras palabras, el estado, en primer lugar, no debería exigir a los contrayentes canónicos formalizar un segundo matrimonio, el civil, sino simplemente darse por enterado, recibiendo el oportuno justificante, de que la boda religiosa se ha celebrado y que esos dos señores están casados a todos los efectos (obligaciones y causas de nulidad) con las reglas del matrimonio católico, sin perjuicio de aplicarles las normas comunes a cualquier tipo de matrimonio en materia fiscal o de regímenes económicos.

Ello supone, por supuesto, que las autoridades administrativas nunca serían competentes para declarar la nulidad de dicho matrimonio ni para intervenir de modo alguno en su vida jurídica. A los esposos canónicos no se les podría ofrecer en ningún caso la posibilidad del divorcio, que solo sería aplicable, si así se contempla en la ley, a los casados por lo civil. Eso sí, el día que los contrayentes religiosos se presenten en el Registro Civil con una sentencia de nulidad del Tribunal de la Rota, el estado lo apuntará y dará por concluida la convivencia a cualquier efecto fiscal, de régímenes económicos o de cualquier otro tipo.

No obstante, se haya celebrado la unión de un modo u otro, el estado tendrá constancia de la paternidad de los hijos habidos en el matrimonio y exigirá rigurosamente a los padres, estén juntos o sepadados, el cumplimiento de sus obligaciones legales con estos hijos.

En segundo lugar, no se tendría que permitir a ningún bautizado casarse por lo civil. Según el derecho canónico, los bautizados en Cristo están obligados a casarse por la Iglesia, de tal modo que si el estado les permite celebrar una boda ante el juez estará violando territorio ajeno. No obstante, como todo el mundo tiene derecho a dejar de ser católico bien por haber cambiado de opinión o por considerar absurdo pertenecer a una religión en virtud de una ceremonia que le impusieron siendo un bebé, debería dejarse a cualquiera la puerta abierta del matrimonio civil siempre que se demuestre fehacientemente que no se es católico. En un país como España, donde casi todos los niños son sacramentados, lo lógico para acceder al matrimonio estatal sería apostatar en cualquier parroquia y presentar el correspondiente justificante, o bien acreditar documentalmente que nunca le han cristianado a uno.

El sistema que propongo y que, a diferencia del vigente, es plenamente respetuoso con la separación entre Iglesia y estado, se aplicó en España desde 1939 hasta los años 70, y se da la paradoja de que prácticamente solo recurrieron a la boda civil los pocos protestantes que vivían en España, puesto que la administración franquista no inscribía los matrimonios celebrados por otro rito que no fuera el católico. Digo que es paradójico porque los casos de ateos, agnósticos, comunistas o anticlericales de cualquier pelaje que solicitaron certificación de apostasía casi pueden contarse con los dedos de la mano, a pesar de ser una posibilidad legal que el Caudillo reconoció generosamente haciendo gala de una extrema sensibilidad hacia la conciencia de los españoles. Se ve, sin embargo, que los rojillos, maquis, militantes clandestinos y demás santos laicos que tanto se llenaban la boca de lucha y de libertad, no eran lo bastante coherentes o no tenían los huevos que hay que tener para vivir según sus valores en medio de una sociedad profundamente cristiana donde su condición pública de apóstatas les habría supuesto, qué duda cabe, algún pequeño inconveniente práctico.