LIMPIEZA DE SANGRE

En una reciente charla con unos conocidos, uno de ellos clamaba que España es una nación racista de toda la vida, ya que durante siglos hemos prohibido a los descendientes de musulmanes y de judíos acceder a numerosos cargos y profesiones. Como es natural, tuve que darle una teórica a este profano y poner los puntos sobre las íes.

Es una realidad indiscutible que desde mediados del siglo XV y hasta finales del XVII se exigía formalmente en nuestro país la acreditación de la “limpieza de sangre” para ingresar en determinadas instituciones. En síntesis, la limpieza de sangre se traducía en dos realidades diferentes:

Por una parte,  algunos gremios, colegios mayores, universidades, sedes episcopales, órdenes religiosas y otras entidades adoptaban unos estatutos o reglamentaciones internas destinados a restringir la admisión de cristianos nuevos en ciertos oficios o dignidades (acceder a la educación superior, ser novicio o seminarista, o formar parte de un sector profesional). Los aspirantes a ingresar en dichas instituciones debían demostrar que ni sus padres ni sus cuatro abuelos eran marranos (judaizantes) ni mahometanos.

Por otro lado, la Corona dictaba una serie de normas jurídicas sobre el acceso a puestos y cargos públicos (alcaldes, notarios, consejeros, alguaciles, tesoreros) en las que se discriminaba a todo aquel que hubiera sido penitenciado por la Inquisición por judeoconverso o morisco, o fuera hijo o nieto de un condenado por dicho motivo. También se les prohibía emigrar a América para evitar que hicieran fortuna y ocuparan los escalafones más altos de la sociedad. Como puede apreciarse, estas normas eran mucho menos estrictas que los estatutos de limpieza de las corporaciones y organizaciones privadas.

¿Tenían un objetivo racista todas estas disposiciones? Rotundamente no. A España podrá acusársela, si se quiere, de intransigencia religiosa pero jamás de discriminación étnica, ya que la única razón de ser de las medidas de limpieza de sangre era garantizar que los hilos más importantes de la sociedad española fueran movidos por católicos intachables. El único motivo de la comprobación de los orígenes familiares de los aspirantes a determinadas dignidades públicas o profesionales era la sospecha de que un individuo que contara con conversos entre sus ascendientes más inmediatos podía estar practicando el judaísmo o el Islam en secreto o estar influenciado por estas religiones.

No olvidemos que en la España de los siglos XV y XVI la confesión religiosa no tenía ni de lejos la significación actual. La fe católica no era concebida como una simple creencia íntima, sino que constituía el principal factor de amalgama social, el elemento más importante de cohesión y de conciencia nacional, lo que explica y justifica todas las actuaciones de aquella época tendentes a proteger, por una parte, la ortodoxia doctrinal (Inquisición) y, por otra, a asegurar el predominio social y cultural de los valores cristianos y de las personas que los representaban o transmitían (limpieza de sangre). Nada que ver con la raza ni con el color de la piel, pero sí con la cultura. Les guste o no a algunos, la superación del multiculturalismo en la península ibérica gracias a iniciativas como estas fue la clave de la consolidación de nuestra identidad como pueblo y nos permitió alcanzar metas territoriales, sociales, humanitarias, culturales, artísticas y espirituales inimaginables en naciones divididas por la brecha religiosa. 

En cualquier caso, la "pureza de sangre" nunca tuvo la relevancia que pretenden algunos historiadores ni llegó a convertirse en una paranoia social. Desde el primer momento de su existencia (1449), las investigaciones genealógicas fueron puestas en entredicho por diversos sectores de la sociedad e incluso por el propio Papa, que las consideraba contrarias al dogma de que el bautismo lavaba los pecados de los infieles. Incluso en los años de mayor auge de estas prácticas, eran minoría las instituciones que contaban con estatuto y fueron muy pocos los decretos reales que se dictaron en la materia, entre ellos los de 1501 de los Reyes Católicos. Prácticamente solo existieron disposiciones de esta naturaleza en el territorio de la Corona de Castilla y ya en el siglo XVII eran incumplidas de forma sistemática, derivando a veces en un puro formalismo que solía salvarse mediante sobornos. Antes de 1700 eran solo papel mojado, si bien es cierto que hasta 1835 no se abolieron oficialmente los últimos estatutos de limpieza que aún quedaban sin derogar.