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| Abogados del Estado tras presentar las impugnaciones ayer |
Llevamos meses oyendo hablar de los "recursos" que el Gobierno ha interpuesto ayer ante el Tribunal Constitucional contra la ley de consultas catalana y la convocatoria del plebiscito secesionista. Con ocasión de su admisión a trámite, los medios de comunicación han profundizado algo más sobre los instrumentos impugnatorios utilizados por el Ejecutivo, pero, salvo muy raras excepciones, la información facilitada por la prensa es insuficiente, inexacta y técnicamente incorrecta, sobre todo cuando se afirma que han sido sustanciados “dos recursos de inconstitucionalidad”. Por ello hoy vamos explicar con detalle y de forma sencilla qué han presentado exactamente los abogados del estado ante el Alto Tribunal, qué fundamentos jurídicos han utilizado y cuáles van a ser las consecuencias.
La Constitución Española regula en sus artículos 161 y siguientes las funciones del Tribunal Constitucional. Este órgano jurisdiccional tiene las siguientes competencias específicas:
- Conocer del recurso de amparo (por violación de derechos fundamentales de los ciudadanos).
- Conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y normas con fuerza de ley.
- Resolver los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y los de estas entre sí. El conflicto de competencias supone que si una comunidad autónoma dicta una norma o resolución irrespetuosa con el reparto de competencias, el Gobierno puede dirigirse al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la titularidad de la competencia afectada y anule, en su caso, la disposición.
- Conocer de la cuestión de inconstitucionalidad, que consiste en que si cualquier juez o tribunal está juzgando un caso y considera que una norma es contraria a la Constitución, debe elevarla al Tribunal Constitucional para que la anule si procede.
Por último, el famoso artículo 161.2 atribuye al Tribunal Constitucional una competencia de carácter genérico, que es resolver las impugnaciones que haga el Gobierno de cualquier disposición o resolución adoptada por una comunidad autónoma y que pueda violar la Constitución. Esta impugnación especial tiene la virtud de suspender de forma automática la disposición o resolución de que se trate durante cinco meses, tras los cuales el Tribunal deberá confirmar o levantar la suspensión a no ser que ya haya dictado sentencia.
Decimos que es genérica o transversal porque tiene por objeto tanto leyes como decretos o simples resoluciones o actos administrativos de la correspondiente comunidad autónoma, por lo que se refiere tanto al recurso de inconstitucionalidad (que solo cabe contra leyes) como a los conflictos de constitucionalidad (con ocasión de una ley o de cualquier resolución), así como a la impugnación directa de un decreto o de un acto administrativo autonómico. En este último caso (desarrollado en el Título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) no procede hablar técnicamente de recurso, pero en todos los supuestos indicados cabe invocar la suspensión prevista en el 161.2.
¿Qué ha hecho entonces el Ejecutivo de Mariano Rajoy?
Pues por una parte ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra el Título II y varios preceptos de la ley de consultas y, por otra, ha formulado la impugnación regulada del Título V de la LOTC contra el decreto de convocatoria (un recurso no era posible al carecer de rango legal). En los dos escritos ha solicitado la suspensión automática del artículo 161.2 de la Carta Magna. Ambas impugnaciones han sido admitidas a trámite por el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, han quedado sin ningún efecto jurídico, hasta que recaiga sentencia o al menos durante cinco meses, la ley, la convocatoria y cualquier acto que pueda dictarse en ejecución o aplicación de las mismas.
El fundamento jurídico del recurso de inconstitucionalidad ha sido simplemente que las consultas reguladas en la ley catalana son referéndum encubiertos, por lo que se incurriría en un fraude de la Constitución, toda vez que la autorización de la convocatoria de referéndums es una competencia exclusiva del Estado según los artículos 23, 81, 92 y 149.1.32 del texto constitucional.
En cuanto al escrito de impugnación del decreto de convocatoria, se repite el anterior argumento y se añade que la convocatoria en sí “atenta contra la atribución de la soberanía nacional, que corresponde al pueblo español” y contra la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (artículos 1.2 y 2 de la Constitución).
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6 comentarios:
Gracias Neri por la explicación. Habrías sido un buen Profesor de Derecho Constitucional ó Administrativo.
Ya te preguntaré en privado un par de dudas que me asaltan, acerca de las posibilidades de defensa que ofrece el Ordenamiento Jurídico de nuestra constitución.
Buen día a todos.
Neri, sus aclaraciones son excelentes, pero creo que el problema real no es jurídico. Desde este punto de vista, el partido está ganado desde el minuto 1, ya que es una obviedad que una parte del Estado, como es la Generalitat, pueda realizar actos (y mucho menos actos graves e irreversibles) que afectan al todo.
La batalla real se juega en el plano político, y es en este plano donde veo gran incompetencia en el gobierno español. Si no se gana políticamente de forma clara y convincente, el conflicto se hará crónico. No veo talento para ganar y a la vez, ganar sin humillar para evitar rebotes posteriores del separatismo. ¿Cómo lo han conseguido en Canadá? el separatismo en Quebec ha pasado de casi el 50% a ser inferior al 30% y remitiendo.
Alco, ya sé que no es un problema jurídico, pero en el post quería plantear el tema desde ese punto de vista. Por otra parte, y lo subrayo mucho, en política los problemas jurídicos no existen. En la historia jamás las leyes han sido un obstáculo para hacer nada.
Es imposible ganar de forma clara, convincente y por las buenas. Para que Cataluña permanezca en España es imprescindible sacar el bisturí y retirar amplias cotas de autononía a la Región catalana, empezando por las competencias educativas.
Yo tampoco quiero que se humille a nadie.
Y cómo lo han hecho en QUEBEC, Alco?
AdB, no sé que han hecho en Quebec, solo sé el resultado. Ha desaparecido la tendencia separatista al menos para un par de generaciones, y sigue a la baja.
También es cierto que Canadá es una nación de emigrantes, todos descienden del barco, y esto une muchísimo.
La lengua, la cultura, las costumbres, ..., pueden ser diferenciales, pero yo paseo por Barcelona a menudo y no veo grandes diferencias a lo que veo en Zaragoza o Bilbao.
El problema es el dinero. Stop. Si Cataluña fuera receptora neta en lugar de contribuyente neta a la Hacienda de España, este problema no se plantearía. Quizá haya un 15-20% que se irían aun comiendo gachas, pero el resto se quieren ir porque solos son más ricos.
De igual modo, un día seremos europeos no tanto por nuestra similitud con un sueco o un esloveno, sino porque juntos somos más fuertes económicamente. El dinero conduce, la política es la pasajera.
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