jueves, 25 de febrero de 2016

¿ANTIPROVINCIALISTAS O ANTIDIPUTACIONISTAS?

Diputación Provincial de Palencia

Anteayer PSOE y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo de investidura cuyo punto más polémico es la eliminación de las Diputaciones Provinciales. Este pacto ha reabierto una vez más en España el eterno debate entre provincialistas y antiprovincialistas, sobre el que merece la pena hacer unas breves pero imprescindibles puntualizaciones.

Antes de entrar en materia, conviene tener claro que la controvertida propuesta ha sido malinterpretada en casi todos los medios y foros públicos. Se ha dado por sentado que Sánchez y Rivera aspiran a reformar la Carta Magna para eliminar las administraciones provinciales, a fin de simplificar la maraña burocrática española, reducir el número de cargos políticos y ahorrar miles de millones de euros. Se ha sobreentendido que la idea es suprimir uno de los niveles administrativos territoriales.

Pero nada más lejos de la realidad. La formación naranja y buena parte de los sociatas no son antiprovincialistas, sino simplemente antidiputacionistas. Y no se trata de un matiz leguleyo; son conceptos que no tienen nada que ver.

Resumidamente, porque no quiero aburrir con disquisiciones jurídicas, Ciudadanos y PSOE no proponen que las provincias dejen de ser “una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado”. Y por supuesto tampoco pretenden alterar su condición de entidades (administraciones) locales con personalidad jurídica propia y “autonomía para la gestión de sus intereses”. Lo único que han prometido es sustituir el actual órgano de gobierno y administración de la provincia (la Diputación Provincial) por otro que se denominaría Consejo Provincial de Alcaldes. 

No hay más que repasar el artículo 141.2 de la Constitución: “El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo”. Es decir que no es obligatorio que el órgano de gobierno de la provincia sea la Diputación Provincial y, de hecho, en las provincias vascongadas existen las diputaciones forales, que son totalmente distintas y que, por cierto, están expresamente excluidas del pacto de investidura. 



En definitiva, con la propuesta de los socialistas y los butanitos las provincias seguirían existiendo, exactamente igual que ahora, como entidades locales con gobierno, cargos representativos y competencias propias. ¿Qué cambiaría? Pues todo apunta a que los Consejos Provinciales de Alcaldes serían órganos de gobierno más simples, más baratos y con menos funciones que las Diputaciones. De hecho en el acuerdo se recoge expresamente que a estas corporaciones les correspondería exclusivamente la “atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes”.

Se trata, por lo tanto, de una simple medida de simplificación que se traduciría en una reducción formal del número de altos cargos en España y en un alivio puramente simbólico de las partidas de gasto público. Subrayo lo de reducción formal, puesto que, aunque desaparecerían la figura del presidente de la Diputación y los diputados provinciales, qué duda cabe que alguien tendría que presidir estos nuevos Consejos y que los alcaldes que los integraran acumularían un poder equivalente al de los miembros de las actuales Diputaciones, amén de las jugosas retribuciones  y dietas que sería “necesario” asignarles.

Desde mi punto de vista, la medida mejoraría  la situación actual a pesar de ser un mero parche y no implicar en modo alguno la desarticulación del aparato administrativo provincial. Lo que me escama es que se haya incluido en un paquete de reformas constitucionales cuando, tal como aparece formulada en el texto íntegro del acuerdo de investidura, no parece indispensable tocar la Constitución para implementarla. Como ya he comentado, el artículo 141 permite encomendar el gobierno autónomo de las provincias a órganos representativos distintos de las Diputaciones, de manera que, en principio, la única reforma necesaria sería la de la Ley de Bases de Régimen Local. Pero admito que la cosa no es tan sencilla, pues si la implantación de los Consejos de Alcaldes supusiera un vaciamiento o una reducción drástica de las competencias provinciales, se lesionaría la autonomía de las provincias consagrada constitucionalmente y la operación no podría llevarse a cabo retocando sin más una ley ordinaria. Por ello la pregunta que yo me hago es qué términos y qué alcance tendría la reforma planteada, algo imposible de deducir de las dos líneas que el pacto dedica al tema.



En todo caso, nos guste o no la solución, no es una solución antiprovincialista. El verdadero antiprovincialismo (una doctrina fuertemente municipalista) condena el vigente modelo de división provincial por cuanto atenta contra el sentido común y contra la historia de nuestra patria, y considera que la existencia de las administraciones provinciales menoscaba la autonomía de los municipios. 

El debate de las provincias tiene mucha más enjundia de lo que nos quieren hacer ver. El quid de la cuestión no son los cientos de sillones de altos cargos ni los más de seis mil millones de euros anuales (y otros siete mil de eundeudamiento) que implican las estructuras provinciales, sino la situación absolutamente insostenible de la administración municipal española. No es admisible que, en pleno siglo XXI, de los 8.125 municipios españoles, 3.800 tengan menos de 500 habitantes y 1.041 menos de 100, situación que se agrava en regiones como Castilla y León, que cuentan con 2.248 ayuntamientos de los que más de 1.000 tienen menos de 500 empadronados y 700 menos de 100. Mientras se mantenga esta coyuntura y no se opte por la fusión de ayuntamientos ni se impulsen las comarcas u otras fórmulas asociativas racionales, tendremos que seguir sosteniendo costosos armazones supramunicipales (llámense diputaciones o como se quiera), auténticos engendros políticos, para prestar servicios a los vecinos de los miles de minúsculos pueblos que configuran nuestra geografía humana.  Además, en la práctica, este modelo equivale a un régimen de tutela y de dependencia institucional difícilmente compaginable con la autonomía local y con el municipalismo que muchos consideramos el pilar fundamental de una sociedad verdaderamente participativa.


Javier de Burgos creó las provincias
Basta analizar la opinión de los ciudadanos de cada región sobre las provincias. En aquellas comunidades autónomas (por ejemplo, las mediterráneas) en las que abundan los pueblos grandes, ricos y dispersos, la gente desconfía del sistema provincial y se muestra muy crítica con la labor de las diputaciones, que estiman superflua y en ocasiones invasiva. Por el contrario, en las regiones del interior, donde predominan las localidades diminutas y sin apenas presupuesto, se tiene un buen concepto de estas administraciones y se las considera imprescindibles para garantizar a todos los vecinos unos servicios públicos de calidad.

Lo ideal, no obstante, sería avanzar hacia formas de organización y gestión municipal que hicieran posible unos ayuntamientos más fuertes y autosuficientes, capaces de administrar sus intereses sin el concurso de patrocinadores e intermediarios. Y no estoy pensando solo en la fusión de entidades locales, que me parece una medida ineludible e inaplazable, sino en las diversas modalidades de asociación y cooperación entre municipios cercanos y vinculados histórica, cultural y económicamente entre sí, empezando por las comarcas, la gran asignatura pendiente en nuestro país. Las comarcas, mancomunidades, comunidades de villa y tierra, áreas metropolitanas y consorcios me parecen alternativas mucho menos artificiales que las provincias sea cual sea el órgano de gobierno de estas.


Más sobre este tema en La pluma viperina: ¡Al carajo las Diputaciones!

3 comentarios:

Zorro de Segovia dijo...

Las diputaciones, sobre todo en provincias donde la implantación de uno de los grandes partidos es alta, son terreno abonado al cacique, hoy diputado provincial. El diputado distribuye el dinero a su antojo, normalmente a favor de ayuntamientos donde gobiernan sus concejales electores. A la vez, reparte favores entre los votantes de esos pueblos para que sigan eligiendo a esos concejales. Se cierra así el círculo corrupto.

Hoy mismo se rebelaban contra el acuerdo destacados dirigentes locales de PP y PSOE. Cómo no, todos de provincias donde la Diputación está en manos de sus respectivos partidos desde hace décadas.

Por otra parte, coincido totalmente en que el ahorro que se produciría sería escaso.

csc dijo...

Es un grave error pretender la eliminación de las provincias, aunque sufren de los problemas que todo el mundo nombra como lugares de colocación de caciques, no es menos cierto que en general son más eficaces que otras estructuras caciquiles de las que disponemos. Todos los males que aquejan a las provincias son achacables a las comunidades autónomas, las comarcas, las mancomunidades y multitud de otras estructuras supramunicipales.

El problema real de la estructura de poder nacional no es el nombre de las divisiones, porque a mi que me expliquen la diferencia entre una diputación provincial y un consejo de alcaldes. Son los mismos perros con distintos collares, ya que normalmente los diputados provinciales suelen ser concejales o alcaldes, y los presidentes y jefes de las diputaciones casi siempre son los alcaldes de los municipios más grandes.... el problema que nadie quiere encarar es el de la clarificación de las competencias y su financiación.

Es decir quién se encarga de que, y con que dinero hace el trabajo. Ahora nos encontramos con casos donde hasta 4 y 5 niveles administrativos tocan la misma competencia, haciéndose la competencia entre unos y otros, valga la redundancia, colgándose las medallas en conjunto y echándose las culpas de unos a otros cuando las cosas no salen bien.

Lo que se debe eliminar son las duplicidades, y además se debe explicar muy bien al ciudadano que competencias tiene cada administración, que impuestos impone cada administración y como realiza su trabajo. Para poderlo fiscalizar de una forma adecuada, y saber a quién tiene que culpar o premiar en cada momento.

Ahora mismo el común de los mortales no sabe que deberes para con él tiene su ayuntamiento, su comarca, su mancomunidad, su provincia, su CCAA, ni su estado, y de este modo no vamos a ningún sitio, y nos encontramos con casos donde el ayuntamiento que debe dar un servicio le echa la culpa a la diputación y viceversa, especialmente cuando son de diferente color político.

Al Neri dijo...

Agudo como siempre, Zorro. En Castilla y León yo percibo una valoración positiva de las provincias entre muchos ciudadanos del medio rural.

CSC, bienvenido. Le agradezco su comentario. Coincido con usted en lo de las duplicidades y la proliferación de niveles administrativos. No estoy de acuerdo en otras cosas, por ejemplo que las provincias "son más eficaces que otras estructuras".

Las comunidades autónomas representan un problema más político que operativo. No se trata de que cada comunidad autónoma funcione mejor o peor. De hecho, sinceramente no creo que cada una de las administraciones autonómicas ejerza peor sus competencias que cuando correspondían al Estado. El problema de fondo es que el modelo autonómico favorece, además de las duplicidades de las que usted habla, una profunda desigualdad entre los españoles en la prestación de los servicios públicos esenciales (especialmente los sanitarios), y compromete la unidad de España al consagrar unos niveles de descentralización nada recomendables en regiones infestadas por la cizaña separatista, a las que encima se han transferido las competencias educativas.

También admito que las comunidades autónomas, al ser administraciones "de proximidad" (todo el mundo se conoce), suelen ser un mejor caldo de cultivo para el caciquismo que el modelo centralizado anterior, que, por cierto, tampoco estaba exento de "malas prácticas" (que muchas veces se han limitado a copiar los barones autonómicos).

Las razones para plantear la supresión del sistema autonómico y la de las provincias (o de las diputaciones provinciales) son muy distintas. Los defensores de la supresión de las administraciones provinciales se basan casi exclusivamente en razones operativas, económicas y de simplificación burocrática, mezcladas a veces con posicionamientos concretos sobre el alcance de la autonomía municipal. En cambio, las críticas al estado autonómico suelen ir mucho más allá y pertenecen al debate "centralización/descentralización" y "estado unitario/estado federal" (puesto que en la práctica el modelo autonómico tiene fuertes rasgos federales). La crítica a las comunidades autónomas parte de un determinado concepto de nación española y están muy condicionadas por el problema separatista.