"LA GANDULA"

Llevo tiempo deseando dedicar un post a la poco conocida y, sin embargo, mil veces vilipendiada Ley de Vagos y Maleantes, cuya sola mención evoca en casi todos un siniestro instrumento del franquismo contra sus enemigos sociales y políticos, cuando en realidad su razón de ser y su filosofía responden a un profundo respeto y fe en el ser humano, plasmando las teorías penitenciarias y los valores humanitarios más avanzados de su época.

El primer error de bulto al juzgar esta ley suele ser creer a pies juntillas que se trata de una disposición aprobada por Franco. Al contrario, la Ley de Vagos y Maleantes, muy pronto bautizada como "la gandula", fue ideada por Azaña y promulgada en plena II República con un amplio consenso de todos los partidos. Fue una de las pocas normas republicanas cuya vigencia se mantuvo tras la Guerra Civil.

A modo de resumen, el loable objetivo de esta ley penal era anticiparse a la comisión de delitos, tratando de intervenir de diversas formas en los sujetos potencialmente delincuentes (antisociales) para que se apartaran de ciertos hábitos, prácticas y ambientes que les llevarían sin remedio a una vida de robos y crímenes, e incidiendo en su rehabilitación a través del trabajo para convertirlos en personas útiles e integradas en la sociedad.

Inspirada en las más filantrópicas teorías de Victoria Kent sobre las causas de la delincuencia y sus remedios vía educación, apoyo social y trabajo, esta ley de 1933 supuso una auténtica revolución en el panorama jurídico-penal europeo y abrió la puerta a la esperanza de una sociedad más justa y armoniosa.

En primer lugar la disposición identificaba una serie de conductas calificadas de peligrosas y antisociales. Entre los peligrosos destacaban los “vagos habituales” (quien deambulara negándose a buscar trabajo), los proxenetas que se aprovechaban de las prostitutas, los “mendigos profesionales”, los “ebrios y toxicómanos”, los que portaran documento de identidad falso, los extranjeros que quebrantaran el orden público, los que facilitaran drogas o alcohol a los menores, los reincidentes de hurtos menores o quienes tuvieran "trato asiduo con delincuentes y maleantes” o “frecuentaran los lugares donde estos se reúnen habitualmente”.

Estas personas podían ser detenidas aunque no hubieran cometido ningún delito y sometidas a un proceso ante el tribunal especial de vagos y maleantes, que, atendiendo al grado de peligrosidad dictaminado, podía aplicar una de las diferentes medidas de seguridad predelictuales (¡no penas!) que recogía la Ley: expulsión de extranjeros del territorio nacional, prohibición u obligación de residir en determinados lugares y, en los casos más extremos, el internamiento en establecimientos de trabajo, colonias agrícolas, establecimientos de custodia o en "casas de templanza" (para drogadictos o alcohólicos) por un tiempo determinado, si bien en el caso de las casas de templanza podía ser indefinido.

En estos centros de internamiento preventivo debían establecerse los mecanismos necesarios para favorecer la reinserción, fundamentalmente –insisto- inculcando habilidades y hábitos de trabajo saludables.

En mi opinión, el gran mérito de esta ley fue la consagración de las medidas de seguridad como instrumentos preventivos. Se pretendía que la sociedad, en vez de limitarse a castigar al delincuente una vez cometida la infracción, ayudara a reconducirse y a encontrar oportunidades a quien estuviera en riesgo de delinquir. Por supuesto, de forma obligatoria.

A pesar de que a mí, como jurista, me parece un enfoque interesantísimo del problema de la marginación y de la delincuencia, actualmente estas medidas, así como la existencia de tribunales especiales, son consideradas prácticas normativas "totalitarias" que por supuesto vulnerarían la Constitución Española.

Durante el franquismo la disposición sufrió varias reformas que intentaron acentuar su sesgo católico y rehabilitador, al tiempo que adaptaban su artículado a la moral y a los valores del nuevo régimen. La reforma más polémica –hoy- y significativa fue la de 1954, que incorporó a los homosexuales a la lista de peligrosos, en un intento de contener las expresiones públicas de la homosexualidad –en especial la prostitución callejera- y de encauzar a estas personas, que generalmente ejercían el vagabundeo sexual, hacia una vida menos degradante. Estos asociales eran por lo general recluidos por un período de varios meses o un año en colonias especiales (ver foto adjunta), como la célebre de Mahón (Menorca), donde con una rutina a base de deporte, trabajo y disciplina militar, se trataba, casi siempre sin éxito, de ayudar a estos jóvenes.

La última reforma del texto legal se produjo en 1970, adoptando el nombre de “Ley de peligrosidad social”. Fue derogada con la llegada de la democracia.

Para finalizar, no debe olvidarse que pese a los elogiables fundamentos jurídicos y morales de la “gandula”, esta norma padecía también fisuras injustificables, como, por ejemplo, el abuso de los conceptos jurídicos indeterminados, su ambigüedad -que permitía su aplicación a inocentes- y, por encima de todas, que los centros de internamiento previstos no fueron correctamente concebidos y difícilmente cumplían sus objetivos rehabilitadores. Una ocasión bastante desperdiciada de la que sin embargo podemos aprender.