miércoles, 2 de septiembre de 2015

ELOGIO Y MATIZ A LA REFORMA DE LA LOTC

Ayer el PP inició en el Congreso la tramitación de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para permitir que este tribunal pueda imponer multas coercitivas e incluso inhabilitar a las autoridades públicas que incumplan sus sentencias, así como encomendar al Gobierno de la nación la ejecución subsidiaria de las mismas.

Aunque el Gobierno no ha reconocido oficialmente que esta medida está concebida para frenar los planes separatistas de Mas y sus socios, y, más en concreto, para atajar una posible declaración unilateral de independencia del parlamento catalán, todos sabemos que este es su verdadero fin, e incluso algún cargo del PP ha hecho expresivas declaraciones en este sentido, como las del portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, o las del propio candidato a la presidencia de la Generalidad, Xavier García Albiol, que ha advertido a los secesionistas que “la broma se ha terminado”.

De la forma más sintética posible, me gustaría dedicar un aplauso y, a la vez, hacer algunos matices a esta iniciativa de los populares.

El PP pretende obligar a los separatistas catalanes a cumplir todas las sentencias del Tribunal Constitucional

Un aplauso porque se trata de una reforma imprescindible de la LOTC, ya que ésta regula de forma demasiado escueta y genérica los mecanismos de ejecución de las resoluciones del tribunal de garantías constitucionales. Además, aunque la mayoría piensa que las multas y suspensiones se han pensado solamente para neutralizar una eventual declaración de independencia, lo cierto es que estos instrumentos ofrecen muchas más posibilidades, y, de hecho, van a permitir obligar al ejecutivo catalán a cumplir cualquier tipo de sentencia del alto Tribunal, y en especial las dictadas en materia de lengua y educación, ignoradas sistemáticamente por los nacionalistas.

La reforma es un acierto porque dotará al Estado del engranaje jurídico necesario para hacer frente a la chulería de Mas y sus mariachis, que ya han declarado en innumerables ocasiones que no están dispuestos a acatar las normas y las sentencias que supongan un obstáculo al proceso independentista.

Pero la medida merece también, si no reproches directos, sí algunas importantes matizaciones.

El primero de ellos es que responde, una vez más, al patético empeño de Rajoy en arreglar el problema catalán con argumentos puramente jurídicos y económicos, sin apelar en ningún momento al rico argumentario histórico que desmantela las patrañas separatistas. Da la impresión de que para el PP el único motivo por el que Cataluña no debe independizarse es porque sería ilegal (y en esto incide la reforma) y porque sus empresas perderían dinero como consecuencia, por ejemplo, de su abandono forzoso de la Unión Europea. Estas ideas está muy bien manejarlas, y reconozco que Rajoy ha gestionado esta estrategia de forma acertada, en especial su interlocución con la canciller alemana, pero la lucha contra los planes de ruptura de los enemigos de nuestra Patria no puede quedarse ahí.

Otro matiz es el indiscutible oportunismo del proyecto, en vísperas de unas elecciones generales más que problemáticas para el partido de centro-derecha. Salta a la vista que se trata de un guiño a sus potenciales votantes, normalmente sensibilizados (aunque no como debieran) con  el tema de la unidad de España.

También cabe poner en duda la eficacia de la futura norma, pues en la proposición de ley tan solo se señala que el Tribunal Constitucional “podrá” imponer las multas o acordar las inhabilitaciones a las que nos hemos referido. Quienes trabajamos diariamente en la redacción y tramitación de normas jurídicas y disposiciones administrativas conocemos bien el truco del almendruco del “podrá” y sus implicaciones prácticas, que, en este caso, pueden traducirse en que el Tribunal presionará o no a los catalanes díscolos según le convenga o según determine el Gobierno de turno (ya sabemos de su “independencia”) y en que esta rimbombante reforma, si progresa, termine convertida en papel mojado.

Más matices. Reconozco que a mí cualquier normativa de este tipo me va a dejar insatisfecho, porque lo que me gustaría de verdad es ver a Mas, a Oriol y a Tardà colgados de una encina, pero por lo menos reconozcamos que la cuantía de las posibles multas (entre 3.000 y 30.000 euros) es ridícula. Estas cantidades son tan simbólicas que podrían recaudarse en media hora pasando la barretina en una Diada.

Para terminar, hay que saber leer entre líneas esta proposición de ley. Por desgracia, su intención de fondo es evitar a toda costa tener que recurrir a la suspensión de la autonomía prevista en el artículo 55 de la Constitución para cualquier comunidad autónoma que “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”, cuando esta solución (junto con la de la encina) es de las más idóneas para acabar con las maquinaciones de la ralea catalanista.