DEVOLVER COMPETENCIAS

Aunque me parece que la solución que plantea es de perogrullo y que sus declaraciones son muy tardías, pues bien podía haberse atrevido a hacerlas en su campaña por la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003, no niego mi entusiasmo al oír a Esperanza Aguirre defender la devolución al Estado de las competencias autonómicas sanitarias, educativas y de justicia.

Es una solución de perogrullo porque resulta indiscutible para cualquiera con dos dedos de frente que para empezar a remontar la crisis es conditio sine qua non suprimir, o, en su defecto, aligerar en buena medida las autonosuyas que surgieron de un delirio del profesor García de Enterría. La Aguirre lo ha podido decir más alto, pero no más claro: “Tenemos que acabar con esto porque nadie entiende, ni los analistas nacionales ni los internacionales, que tengamos distritos, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comunidades autónomas, Gobierno de la nación y Gobierno de la Unión Europea”. Por no entenderlo, no lo entienden ni los españoles. Ni siquiera los que por formación y por profesión conocemos al dedillo los entresijos y el funcionamiento de las comunidades autónomas. Es más: yo, cuanto más profundizo a diario en la materia, menos entiendo nada.

Pero quienes lo entienden todo de puta madre y defienden el modelo como gatos panza arriba son los beneficiarios directos de esta red de chiringuitos, es decir toda la purrela de presidentillos, ministrillos y demás cargos de pichiglás encumbrados en sus correspondientes reinos de taifas, así como su corte de contratistas, contratados Dios sabe cómo, constructores, enchufados y demás palmeros. No hay más que ver cómo se han puesto unos cuantos reyezuelos locales al conocer las tan recientes ideas de la condesa de Murillo: como si les hubieran pisado un callo.

Y es que ya lo dijo Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos y aplicar las soluciones equivocadas”, así que aunque nuestros políticos conozcan de sobra la receta para aliviar a España en el durísimo desierto que atraviesa, es seguro que no van a aplicarla, simple y llanamente porque  están en juego el poder y los intereses de una casta de mangantes de la que no nos libraremos ni con agua caliente. Antes de que cierta gentuza se quede sin privilegios, recortarán sanidad, educación y derechos sociales. Antes de plantearse en serio reducir entidades y empresas fantasma, coches oficiales, contrataciones irregulares de amigos, comidas, viajes, dietas y gastos absurdos, prefieren meter la tijera a fondo (ya la han metido) al humilde sueldo de los funcionarios, y subir precios, impuestos y lo que haga falta.

Luego está la dificultad práctica de llevar a buen puerto la sugerencia de la señora Aguirre, porque los que hemos valorado jurídicamente una posible devolución de competencias al Estado nos hemos echado unas risas y hemos pensado “¡vaya farol, Doña Esperanza!”. Las soluciones técnicas para plasmar esta "marcha atrás competencial" son, además de complejísimas, de muy difícil consenso. Para empezar los traspasos de funciones y servicios del Estado a las comunidades autónomas son la culminación de delicadas negociaciones bilaterales en el seno de las Comisiones Mixtas de Transferencias, por lo que uno se pregunta cuál sería el cauce formal para recular, ¿unas nuevas negociaciones y acuerdos, o una imposición unilateral por parte del Gobierno? La primera opción parece inviable si pensamos en las autonomías aquejadas del cáncer separatista o gobernadas por la oposición al PP. La segunda pasaría por una reforma sustancial, y yo diría que utópica (a pesar de la mayoría absoluta de Rajoy), de la Constitución, o bien por una interpretación forzada, o más bien ilegítima en este caso concreto, del artículo 155 de la Carta Magna, que dice: "Si una Comunidad Autónoma (…) actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno (…) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. En todo caso sería preciso meter mano en profundidad a todos los Estatutos de Autonomía. Vamos, que se iba a montar un pollo muy principal.

Aun así, yo aplaudo a Esperanza Aguirre y la animo a seguir insistiendo en sus medidas que, aunque no draconianas (se me ocurren otras mucho mejores y más radicales), sí son complicadas de implementar, tal como he explicado, en el actual contexto social y político. Pero valor y al toro, que por mí encantado, y si es la Comunidad de Madrid la primera que devuelve la sanidad y la educación, muchísimo mejor, porque esta señora si nos descuidamos acaba privatizando hasta la Gran Vía.