Tras la constitución de los ayuntamientos de mi provincia se han montado varios pollos a cuenta de la intentona de algunos alcaldes de subirse el sueldo para dedicarse exclusivamente al cargo. En algún caso, incluso, el regidor ha pretendido aumentar su nómina sin dejar su anterior trabajo.
En este asunto de los emolumentos de los cargos públicos siempre incide una dosis importante de demagogia. A mí me parece que para determinar si un concejal o un alcalde ha de cobrar un sueldo y si este debe mayor o menor, habrá que estar a cada caso concreto dejando a un lado prejuicios y palabrerías de quienes no conocen la labor política en un consistorio.
Como estoy en contra de la política profesional, en principio y como regla general, no creo que un edil deba abandonar su profesión ni cobrar por el desempeño de sus funciones municipales. Me parece razonable, no obstante, que pueda recibir una serie de indemnizaciones o dietas para compatibilizar lo mejor posible su oficio con su obligada presencia en el ayuntamiento (por ejemplo, si debe faltar al trabajo durante un tiempo o reducir la jornada).
Entiendo también que dedicarse a la política en municipios con un determinado número de habitantes no pueda conciliarse con ningún trabajo, y no quede otra que “liberar” al alcalde y abonarle una retribución. Aquí es donde más suelen entrar en juego los discursitos demagógicos sobre el montante del sueldo, ya que cada español tiende a opinar que el político de turno no debería cobrar ni un euro más de lo que cobra él. Así es, aunque parezca mentira. Se oye, por ejemplo, que los políticos con plena dedicación no tendrían que cobrar por encima del sueldo mínimo y muchos se escandalizan cuando se enteran de que reciben una cantidad que a ellos les parece excesiva en comparación, como digo, con sus propias nóminas. Otros más “comprensivos”, pero equivocados de raíz, consideran que la retribución debería ser equivalente a lo que cobraran en su empresa antes de ganar las elecciones.
Pero, ¿cuál es entonces el sueldo justo de un alcalde liberado? No siempre es sencillo, pero igual que se intenta hacer con los empleados públicos, debería buscarse la equivalencia en el mercado laboral con otras funciones análogas o equiparables en la empresa privada. Es decir, que si un regidor se ocupa de unas determinadas tareas de gestión, que le exigen una dedicación determinada y tiene a su cargo un número equis de empleados, debería pagársele aproximadamente una media de lo que en la calle se esté pagando a un señor con un puesto de esas mismas características. Y sé que es complicado comparar la labor política con un puesto, por ejemplo, en la banca o en una fábrica, pero estoy seguro de que podría encontrarse una solución razonable, teniendo además en cuenta que un político es un servidor público que no está ahí para enriquecerse. Pero lo que no tendría sentido es pagar al alcalde de una ciudad de 400.000 habitantes un sueldo bruto de 35.000 euros al año ni 65.000 euros al de un pueblo de 3.000 almas.
Y lo que desde luego jamás podré entender es que se permita ser concejal, alcalde, procurador o diputado a un fulano que no tiene ni ha tenido ningún trabajo, como tan a menudo sucede en este país y, sin ir más lejos, en el municipio más habitado de mi provincia. Para hacer política es imprescindible aportar una previa experiencia vital, técnica y profesional, y no concibo que alguien sin una trayectoria laboral conocida, un inútil al fin y al cabo, se ponga a representar al pueblo trabajador. Convertir los cargos públicos en refugio de vagos e incapaces es la manera más rápida de desprestigiar la noble tarea de la Política con mayúsculas.












