EL ARTÍCULO 155

Por muy críticos, independientes y formados que nos creamos, siempre acaban calando en nosotros, en mayor o menor medida, ciertas patrañas difundidas hasta la saciedad por los medios de comunicación. Una mentira repetida un millón de veces puede convencer hasta al más incrédulo, y además a todos nos resulta muy cómodo dar por buenos ciertos datos o explicaciones porque habitualmente tenemos poco tiempo –y menos ganas– de contrastar la información o investigar por nuestra cuenta.

Esto es lo que nos ha pasado a muchos con el famoso artículo 155 de la Constitución. Entre nuestros deseos de que las cosas sean de una determinada manera y nuestra pereza por indagar a fondo, nos hemos tragado tan contentos las interpretaciones de brocha gorda que la prensa y muchos políticos han hecho de este precepto, según las cuales el Gobierno de España podría suspender la autonomía de Cataluña si los separatistas se pusieran demasiado farrucos.

Pero un día se pone uno a leer despacio el artículo de marras y a ojear las monografías publicadas al respecto por diversos juristas y catedráticos de prestigio, y se lleva las manos a la cabeza de lo inocente que ha sido. Porque resulta que la única manera de alterar el régimen de autonomía de Cataluña o de cualquier comunidad es reformando la Constitución y/o el correspondiente estatuto de autonomía, lo que en el caso catalán exigiría previo referéndum de los electores de la región. 

Con el artículo 155 es jurídicamente imposible suspender o derogar el régimen autonómico de Cataluña. De hecho todavía no está claro quién ha sido el listo que se ha inventado la extraña expresión “suspensión de la autonomía”, que te pones a rascar y nadie tiene claro qué significa y menos aún los expertos en derecho constitucional.

Porque el célebre artículo lo único que dice es que si una comunidad autónoma atenta gravemente contra el interés general de España, el Senado, por mayoría absoluta, puede autorizar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, que incluirían la posibilidad de dar instrucciones a las autoridades autonómicas.

 

Eso, medítalo, chaval.

O sea que los que en algún momento hemos pensado que igual se le podían quitar todas o algunas competencias a la comunidad levantisca para que fueran asumidas (al menos provisionalmente) por el Estado, somos más tontos que un vencejo. Los que suponíamos que era viable, con la Carta Magna en la mano, disolver las instituciones autonómicas y encomendar a la Administración General del Estado la prestación en Cataluña de los servicios públicos esenciales, no somos pardillos, sino lo siguiente.

La legalidad vigente no nos permitiría darnos esas alegrías. Y además, bien mirado, sería un sindiós, entre otras cosas porque está buena la Administración central como para asumir competencias y servicios ajenos.

¿Entonces para que sirve el articulito dichoso? Pues no está nada claro porque nunca se ha aplicado y de hecho casi todos los entendidos coinciden en que, de utilizarse esta vía excepcional, nos adentraríamos en territorio desconocido con consecuencias imprevisibles. Coinciden también en que en la práctica implicaría la aprobación por el Senado de  un paquete de medidas para frenar el proceso independentista, así como facultar al Gobierno para dar instrucciones a las autoridades y funcionarios autonómicos, por ejemplo a los Mossos d'Esquadra, o al personal destinado en centros educativos o en los medios de comunicación públicos catalanes, imponiendo severas sanciones a quienes desobedecieran. 

En otras palabras: no se trataría de una suspensión de la autonomía, ni de una anulación de competencias, sino, como mucho, de una sustitución transitoria de autoridades hasta que se sofocase el incendio secesionista. Hay quien opina que sería posible suspender temporalmente o reemplazar a determinados altos cargos del Govern e incluso a funcionarios. A saber, porque el artículo es corto y muchas pistas no da.

Yo, además de sentirme bobo, estoy muy decepcionado y sigo creyendo que lo mejor sería explorar las posibilidades del artículo 8, que dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión defender la integridad territorial de España. Mucho más clarito, ¿verdad?

DELINCUENTES POTENCIALES

Pablo Iglesias se saltó ayer a la torera el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Cuando Pablo Iglesias se enteró ayer, durante el discurso de investidura, de que el Gobierno había movilizado a quinientos policías para controlar la manifestación ultraizquierdista Rodea el Congreso, pronunció una frase que evidencia su inmoralidad, su arbitrariedad y su desprecio por los derechos fundamentales: 

“Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que fuera”.

Imagino que, como profesor de Ciencias Políticas, el líder de Podemos recordará que el artículo 24.2 de la Constitución reconoce a todos los españoles el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Lo que no parece claro es que alcance a comprender que este derecho esencial en cualquier nación civilizada es incompatible de raíz con la siniestra expresión “delincuentes potenciales”. 

Alguien tendría que explicar a este barbián que en los países de nuestro entorno solo se puede llamar delincuentes a los ciudadanos condenados por sentencia firme por la comisión de un delito, y que todos los demás ciudadanos tienen derecho a que ningún soplapollas especule, y menos en público, sobre los potenciales delitos que podrían cometer. 

O se es delincuente o no se es delincuente. Punto. Porque eso de “potenciales” suena a insulto, a calumnia y, en definitiva, a violación del derecho a la presunción de inocencia. También suela a idiotez, ya que, bien mirado, delincuentes potenciales lo somos todos los españoles y no solo los diputados del Congreso a los que al coletas le apetezca ofender.

La izquierda lleva ochenta años criticando la histórica Ley de Vagos y Maleantes por contemplar “castigos” para individuos considerados peligrosos aunque no hubieran cometido ninguna infracción penal. A pesar de que estas medidas predelictuales no eran penas ni suponían considerar delincuentes a las personas a las que se aplicaban, el rojerío las ha considerado fascistas toda la vida (o al menos desde que Franco heredó esta ley de la Segunda República). Pero ahora llega el profesor Iglesias y tiene el valor de conjeturar delante de todos los medios de comunicación sobre quién tiene más posibilidades de cometer un delito, si los diputados de partidos diferentes al suyo o los manifestantes de su cuerda. Ahora llega este chulo chavista, este indigente moral, este engañabobos, y se atreve a señalar con el dedo como criminales en potencia a los parlamentarios que no comparten su credo.

Por favor, ¿quién es el fascista?

Manifestantes de Rodea el Congreso. Nadie podría imaginarlos como potenciales delincuentes

¿QUÉ HACEMOS CON EL MATRIMONIO GAY?

La derogación del matrimonio homosexual debería respetar los derechos adquiridos (cómo no)

Mientras oíamos en la radio una noticia del Orgullo gay, un amigo me ha preguntado, medio en serio, medio en broma, qué haría yo, si estuviera en el poder, con el matrimonio homosexual. Que si derogaría la ley que lo ampara. 

Soy consciente de que ni uno solo de los actuales partidos políticos, por muy conservador que se considere, se atrevería a dejar sin efecto el “marimonio”. Hasta los besacirios de Vox dicen que solo es un problema “semántico” y que están a favor de regularizar estas uniones pero llamándolas de otra manera. Qué asco.

Pero yo a mi amigo le he respondido que sí, que conmigo se acabaría toda posibilidad de que esta gente se casara. 

—   ¿Y con los que ya están casados que harías? 

— Pues hombre, una derogación con efectos retroactivos sería una medida demasiado abrupta. Después de todo, no soy fascista.

Pero al cabo de un rato de reflexión, he pensado que me estoy ablandando más de la cuenta, y que lo mejor sería una solución intermedia, es decir no llegar al extremo de aplicar la nueva ley retroactivamente pero sí arbitrar un procedimiento sencillo, ágil y gratuito (sin necesidad de abogado ni nada) para anular el vínculo de aquellas parejas homosexuales que lo desearan. Y a la vez, por supuesto, incentivar de algún modo efectivo estas anulaciones simplificadas. Se me ocurre, por ejemplo, que estaría bien otorgar algún beneficio fiscal a los que se animaran, facilitarles el acceso a ciertas ayudas o a la vivienda, o, qué sé yo, exigir como requisito para ejercer la enseñanza, acceder a un puesto en la Administración o a un cargo público no estar casado en virtud de la deleznable ley de Zapatero...

Pero siempre respetando la libertad, ¿eh? Y sin aberraciones jurídicas ni retroactividades. Los maricas que quieran seguir casados, adelante.

INTOLERANTE

En mi vida he sido muy duro con la gente. Bastante correcto y a veces afable en mis relaciones cotidianas, muy poco sonriente pero de trato cortés, detrás de mi apariencia de buen muchacho, de mi aire tímido y de mi campechanía verbal siempre se ha ocultado un ser intransigente, un pequeño inquisidor poco amigo de hacer la vista gorda con los defectos y las negligencias de quienes me rodean. Los que me conocen de años saben muy bien que puedo perdonar fácilmente pero que nunca olvido; que soy exigente e impaciente; que rehuyo toda confianza con quien se encuentra, en cualquier ámbito, en una acera opuesta a la mía; que mis criterios personales (que no mis intereses) están por encima de cualquier persona, incluidos amigos íntimos y familia; que en pocos días puedo olvidar para siempre a alguien con quien compartí años de amistad; que soy mucho más frío de lo que aparento, aunque menos de lo que a veces me gustaría ser.

A menudo pienso que los años, sobre todo los últimos años, me han ablandado, pero después de reflexionar me doy cuenta de que sigo siendo un bastión irreductible de intolerancia, solo que ahora sé disimularlo bien por la cuenta que me trae, y más que nada porque me he vuelto cómodo y no quiero vivir más choques de trenes, ni quemarme con las chispas que puedo provocar a mi alrededor ni seguir sufriendo los efectos colaterales (devastadores) de mi fanatismo. Soy más débil, es verdad, pero mi corazón sigue siendo inflexible. Además, a mi edad, en mi entorno y en los tiempos que corren los exaltados no están nada bien vistos…

Fui tan poco comprensivo… Y ahora cuando comprendo a los demás muchas veces es porque me da igual, porque me ha ido corroyendo la indiferencia. Es fácil derrochar empatía con quien no te importa. Fui rígido y severo con mi familia, con mis amigos más antiguos (que siempre intentaron entenderme a mí), con aquellas buenas chicas que me querían de verdad. Nunca pude ni quise ponerme en el lugar de nadie. Y, por supuesto, en su día, fui implacable con mis adversarios políticos y con quienes simplemente rechazaban mi forma de ver el mundo.

Antaño pensaba que era como fray Tomás de Torquemada, que llevaba a los infieles a la hoguera por amor. Creía odiar el pecado, el error y la mentira, pero no al pecador, al equivocado y al mentiroso. Estaba convencido de actuar por justicia y no por venganza, de hacer honor a la verdad y no a mi amor propio ni a mi soberbia. Quizá estaba en lo cierto.

Un día, no hace mucho, me pregunté hasta qué punto me apesadumbraba ser como soy, y no supe responderme. Lo que me duele, eso sí, son los palos que me he llevado por mi manera de ser. Y una de las pocas cosas que me alivia es saber a ciencia cierta que en no pocas ocasiones fui justo (mi mayor aspiración) y, sobre todo, que la persona con la que más intransigente fui jamás soy yo mismo. Mi contundente látigo ha fustigado más mis espaldas que las de nadie. Soy el único a quien jamás he perdonado ninguna debilidad y por eso las punzadas de mi conciencia son como un infierno en vida. Jamás me he llevado bien con mis límites. Me he exigido a mí mismo hasta la extenuación y he luchado por mejorar todos los días de mi existencia. He enjuiciado mi comportamiento como en un auto de fe y mil veces me he autocondenado a la hoguera. He sido un tonto idealista que soñaba con una sociedad perfecta y con un Al Neri perfecto y mis batacazos han sido de órdago.

LAS DESVENTURAS DE LOS DIVORCIADOS EN EL FRANQUISMO

Hoy ciertos principios del Derecho nos parecen inmutables y hasta sagrados, pero no lo son, y, de hecho, repasando la historia, encontramos múltiples demostraciones de que, en caso de conflicto entre las reglas básicas del juego jurídico y los intereses políticos, sociales, morales o nacionales de cada momento, aquellas tienden a ser pisoteadas sin el menor escrúpulo. 

Uno de los principios universales de aplicación de las leyes que más veces ha sido arrollado en la historia más o menos reciente es el de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, consagrado en la actualidad en el artículo 9.3 de la Constitución. La irretroactividad de las normas es un dogma liberal (inspirado en el derecho romano) que pretende reforzar la seguridad jurídica, pero que ciertos regímenes políticos se han saltado a la torera al considerar que ciertas conductas del pasado no podían quedar impunes o que la mera derogación de las leyes de gobiernos anteriores de signo contrario no era suficiente para evitar la permanencia en el tiempo de sus efectos nocivos. 

El franquismo dio dos contundentes hachazos a este principio de irretroatividad. El primero y más conocido es la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, que, resumidamente, castigaba a todos aquellos que hubieran prestado apoyo al bando republicano a partir del 18 de julio del 36, o favorecido de cualquier forma la llamada Revolución de 1934. Pero además de esta inolvidable norma penal, hay una ley mucho menos famosa, también de 1939, que voy a comentar con cierto detenimiento. Se trata de la ley por la que se deroga la Ley de Divorcio de 1932.

Con la neutralidad que me caracteriza, no voy a hacer valoraciones morales, políticas ni jurídicas sobre estas disposiciones. 

El 2 de marzo de 1932 se aprobó la primera ley reguladora del divorcio en España, que tuvo un carácter muy restrictivo (solo cabía la disolución del vínculo por causas muy tasadas) y una mínima repercusión, pues durante la II República la tasa de divorcios fue bajísima (solo unos pocos miles de sentencias) y se concentró, como es obvio, en los sectores más progresistas y menos religiosos de la sociedad española. La mayoría de los demandantes solo buscaba “legalizar” separaciones o abandonos ya consumados. 

Pero los divorciados de la República no se imaginaban el infierno que les aguardaba después de la guerra. 

La ley franquista de 23 de septiembre de 1939 no solo derogó la de divorcio “por ser radicalmente opuesta al profundo sentido religioso de la sociedad española”, sino que incluyó siete disposiciones transitorias de carácter retroactivo que dejaban a los ya divorciados al pie de los caballos, totalmente expuestos a la venganza de sus ex cónyuges y a la represión estatal.

Matrimonio modelo en el franquismo

En concreto, una de estas disposiciones "transitorias" establecía que “las sentencias firmes de divorcio (…) dictadas por los tribunales civiles a tenor de la ley que se deroga, respecto de matrimonios canónicos (…), se declararán nulas por la autoridad judicial a instancia de cualquiera de los interesados”. Y otra señalaba que los segundos matrimonios (civiles) celebrados por los divorciados al amparo de la legalidad republicana “se entenderán disueltos para todos los efectos civiles que procedan, mediante declaración judicial, solicitada a instancia de cualquiera de los interesados”.

Llama la atención que esta ley no anulaba automáticamente las sentencias republicanas de divorcio “respecto de matrimonios canónicos”, sino que se limitaba a brindar a los afectados la posibilidad de instar esta anulación para “reconstruir su legítimo hogar” o “tranquilizar su conciencia de creyentes”. Algo parecido sucedía con los matrimonios civiles posteriores al divorcio: únicamente podían ser revocados a instancia de parte, solo que en este caso se legitimaba para ir al juez no solo al casado por segunda vez y a su cónyuge, sino también a los ex cónyuges canónicos de cualquiera de los dos.

En la práctica esto supuso que numerosas personas divorciadas contra su voluntad solicitaran la nulidad de la sentencia para obligar a su ex marido o ex mujer a volver al nido familiar, pero sobre todo que los que se habían divorciado tras episodios de infidelidad u otras humillaciones pudieron vengarse dejando sin ningún efecto la nueva unión civil del que les puso los cuernos o les abandonó. Las consecuencias para estos fueron funestas, ya que, una vez invalidada la unión, si seguían conviviendo con sus parejas se arriesgaban a una denuncia por amancebamiento (los hombres) o por adulterio (las mujeres), ambos delitos introducidos por el Código Penal de 1948 y castigados con penas de prisión menor.

¿ANTIPROVINCIALISTAS O ANTIDIPUTACIONISTAS?

Diputación Provincial de Palencia

Anteayer PSOE y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo de investidura cuyo punto más polémico es la eliminación de las Diputaciones Provinciales. Este pacto ha reabierto una vez más en España el eterno debate entre provincialistas y antiprovincialistas, sobre el que merece la pena hacer unas breves pero imprescindibles puntualizaciones.

Antes de entrar en materia, conviene tener claro que la controvertida propuesta ha sido malinterpretada en casi todos los medios y foros públicos. Se ha dado por sentado que Sánchez y Rivera aspiran a reformar la Carta Magna para eliminar las administraciones provinciales, a fin de simplificar la maraña burocrática española, reducir el número de cargos políticos y ahorrar miles de millones de euros. Se ha sobreentendido que la idea es suprimir uno de los niveles administrativos territoriales.

Pero nada más lejos de la realidad. La formación naranja y buena parte de los sociatas no son antiprovincialistas, sino simplemente antidiputacionistas. Y no se trata de un matiz leguleyo; son conceptos que no tienen nada que ver.

Resumidamente, porque no quiero aburrir con disquisiciones jurídicas, Ciudadanos y PSOE no proponen que las provincias dejen de ser “una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado”. Y por supuesto tampoco pretenden alterar su condición de entidades (administraciones) locales con personalidad jurídica propia y “autonomía para la gestión de sus intereses”. Lo único que han prometido es sustituir el actual órgano de gobierno y administración de la provincia (la Diputación Provincial) por otro que se denominaría Consejo Provincial de Alcaldes. 

No hay más que repasar el artículo 141.2 de la Constitución: “El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo”. Es decir que no es obligatorio que el órgano de gobierno de la provincia sea la Diputación Provincial y, de hecho, en las provincias vascongadas existen las diputaciones forales, que son totalmente distintas y que, por cierto, están expresamente excluidas del pacto de investidura. 

En definitiva, con la propuesta de los socialistas y los butanitos las provincias seguirían existiendo, exactamente igual que ahora, como entidades locales con gobierno, cargos representativos y competencias propias. ¿Qué cambiaría? Pues todo apunta a que los Consejos Provinciales de Alcaldes serían órganos de gobierno más simples, más baratos y con menos funciones que las Diputaciones. De hecho en el acuerdo se recoge expresamente que a estas corporaciones les correspondería exclusivamente la “atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes”.

Se trata, por lo tanto, de una simple medida de simplificación que se traduciría en una reducción formal del número de altos cargos en España y en un alivio puramente simbólico de las partidas de gasto público. Subrayo lo de reducción formal, puesto que, aunque desaparecerían la figura del presidente de la Diputación y los diputados provinciales, qué duda cabe que alguien tendría que presidir estos nuevos Consejos y que los alcaldes que los integraran acumularían un poder equivalente al de los miembros de las actuales Diputaciones, amén de las jugosas retribuciones  y dietas que sería “necesario” asignarles.

Desde mi punto de vista, la medida mejoraría  la situación actual a pesar de ser un mero parche y no implicar en modo alguno la desarticulación del aparato administrativo provincial. Lo que me escama es que se haya incluido en un paquete de reformas constitucionales cuando, tal como aparece formulada en el texto íntegro del acuerdo de investidura, no parece indispensable tocar la Constitución para implementarla. Como ya he comentado, el artículo 141 permite encomendar el gobierno autónomo de las provincias a órganos representativos distintos de las Diputaciones, de manera que, en principio, la única reforma necesaria sería la de la Ley de Bases de Régimen Local. Pero admito que la cosa no es tan sencilla, pues si la implantación de los Consejos de Alcaldes supusiera un vaciamiento o una reducción drástica de las competencias provinciales, se lesionaría la autonomía de las provincias consagrada constitucionalmente y la operación no podría llevarse a cabo retocando sin más una ley ordinaria. Por ello la pregunta que yo me hago es qué términos y qué alcance tendría la reforma planteada, algo imposible de deducir de las dos líneas que el pacto dedica al tema.

En todo caso, nos guste o no la solución, no es una solución antiprovincialista. El verdadero antiprovincialismo (una doctrina fuertemente municipalista) condena el vigente modelo de división provincial por cuanto atenta contra el sentido común y contra la historia de nuestra patria, y considera que la existencia de las administraciones provinciales menoscaba la autonomía de los municipios. 

El debate de las provincias tiene mucha más enjundia de lo que nos quieren hacer ver. El quid de la cuestión no son los cientos de sillones de altos cargos ni los más de seis mil millones de euros anuales (y otros siete mil de eundeudamiento) que implican las estructuras provinciales, sino la situación absolutamente insostenible de la administración municipal española. No es admisible que, en pleno siglo XXI, de los 8.125 municipios españoles, 3.800 tengan menos de 500 habitantes y 1.041 menos de 100, situación que se agrava en regiones como Castilla y León, que cuentan con 2.248 ayuntamientos de los que más de 1.000 tienen menos de 500 empadronados y 700 menos de 100. Mientras se mantenga esta coyuntura y no se opte por la fusión de ayuntamientos ni se impulsen las comarcas u otras fórmulas asociativas racionales, tendremos que seguir sosteniendo costosos armazones supramunicipales (llámense diputaciones o como se quiera), auténticos engendros políticos, para prestar servicios a los vecinos de los miles de minúsculos pueblos que configuran nuestra geografía humana.  Además, en la práctica, este modelo equivale a un régimen de tutela y de dependencia institucional difícilmente compaginable con la autonomía local y con el municipalismo que muchos consideramos el pilar fundamental de una sociedad verdaderamente participativa.

Javier de Burgos creó las provincias

Basta analizar la opinión de los ciudadanos de cada región sobre las provincias. En aquellas comunidades autónomas (por ejemplo, las mediterráneas) en las que abundan los pueblos grandes, ricos y dispersos, la gente desconfía del sistema provincial y se muestra muy crítica con la labor de las diputaciones, que estiman superflua y en ocasiones invasiva. Por el contrario, en las regiones del interior, donde predominan las localidades diminutas y sin apenas presupuesto, se tiene un buen concepto de estas administraciones y se las considera imprescindibles para garantizar a todos los vecinos unos servicios públicos de calidad.

Lo ideal, no obstante, sería avanzar hacia formas de organización y gestión municipal que hicieran posible unos ayuntamientos más fuertes y autosuficientes, capaces de administrar sus intereses sin el concurso de patrocinadores e intermediarios. Y no estoy pensando solo en la fusión de entidades locales, que me parece una medida ineludible e inaplazable, sino en las diversas modalidades de asociación y cooperación entre municipios cercanos y vinculados histórica, cultural y económicamente entre sí, empezando por las comarcas, la gran asignatura pendiente en nuestro país. Las comarcas, mancomunidades, comunidades de villa y tierra, áreas metropolitanas y consorcios me parecen alternativas mucho menos artificiales que las provincias sea cual sea el órgano de gobierno de estas.


Más sobre este tema en La pluma viperina: ¡Al carajo las Diputaciones!

EL PERDÓN DEL ARZOBISPO

Ayer comenzó el juicio contra la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, la podemita Rita Maestre, por los hechos acaecidos en 2011 en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense. El episodio es de todos conocido. Unas quince señoritas capitaneadas por la actual concejala de Bienestar de la capital de España accedieron por la fuerza (empujando a un sacerdote) a la capilla de la Facultad de Psicología, en cuyo interior se desnudaron de cintura para arriba y corearon con un megáfono diversas proclamas anticlericales como “arderéis como en el 36” y “el Papa no nos deja comernos las almejas”. El Fiscal pide un año de cárcel para Rita por un delito contra los sentimientos religiosos. La concejala, que entonces tenía 22 años, ha declarado ante el juez que “no tiene ningún sentido que haya una capilla, ni de de la Iglesia Católica ni de ninguna confesión religiosa, en una universidad pública. Ese era mi mensaje” y que “un torso desnudo no es un gesto ofensivo”.

A pesar de mis tentaciones, no voy a hacer ningún comentario sobre estos sucesos. Elijo morderme la lengua, más que nada por no resultar cansino repitiendo mis opiniones sobre incidentes similares. Todos los seguidores de La pluma viperina saben de sobra qué medidas concretas creo que deberían adoptarse contra esta joven.

Foto del asalto a la capilla de la Universidad Complutense

De quien sí voy a opinar sin cortarme un pelo –y ya lo siento– es del Arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro. Curiosamente la identidad de la líder de las asaltantes no trascendió hasta 2015, cuando Ahora Madrid ganó las elecciones municipales y Manuela Carmena la nombró concejal portavoz. El prelado, entonces, se apresuró a felicitar a la flamante alcaldesa por su victoria y a quitar hierro a la “travesura” de su pupila, declarando que “no hay que exagerar, hay que ponerlo en su lugar", y que "cualquier persona, si de verdad sabe quién está presente realmente en el Sagrario y en la Eucaristía, no haría esas cosas".

Pero eso no es todo. En las últimas semanas, en vísperas del juicio, la militante de Podemos, que está acojonada por su posible condena, ha acudido al Palacio Episcopal a "pedir disculpas" a monseñor Osoro, quien se ha limitado a manifestar que “a veces, a una edad determinada, todos hacemos cosas que después descubrimos que no debieran hacerse así o que deberíamos respetar otras cosas (…) Todos hemos tenido 18 y 19 años. No sé lo que habrán hecho otros, pero sí sé lo que he podido hacer yo". Según fuentes episcopales, el arzobispo considera beneficioso "pasar página" y no va a apoyar la denuncia ni a declarar contra la audaz feminista.

Para mí que el mitrado confunde el culo con las témporas. Me parece perfecto que se avenga a perdonar cristianamente a esta individua, es decir que destierre cualquier asomo de odio o rencor, trate de olvidar su conducta y, si lo desea, ponga a cero el contador de sus sentimientos hacia ella. Nada que objetar, puesto que yo, como católico, también he perdonado a esta hermana mía descarriada, por la que rezo de vez en cuando. Pero ya se sabe que el perdón, en nuestra Fe, exige verdadero arrepentimiento y no está exento de penitencia. Osoro, que aunque parezca un perfecto idiota, no lo es en absoluto, tiene que intuir que a Rita no le atormentan los remordimientos por haber asaltado un oratorio con el pecho al aire vociferando amenazas violentas. Además, como el perdón no excluye el castigo y resulta que monseñor es la máxima autoridad eclesiástica en Madrid, le corresponde defender a los fieles y el buen nombre de la Iglesia, y, por lo tanto, respaldar la denuncia interpuesta y hacer todo lo que esté en su mano para que la descocada izquierdista pague por su delito.

Rita Maestre y su ex pareja Íñigo Errejón

Ya sabemos que lo ideal es que Rita y sus muchachas se hubieran encontrado en la capilla con cuatro o cinco católicos concienciados de veras y, a ser posible, muy impulsivos, pues así el conflicto se habría resuelto de manera espontánea, sin tribunales ni papeleos. ¡Y sin rencores, por supuesto! Pero ya que las cosas han seguido un derrotero legal (y no gracias al Arzobispado, que ni siquiera denunció), lo suyo es que el señor arzobispo se deje de despropósitos y apoye por lo menos la acción legal ejercitada por varias asociaciones, que defienda lo que la Iglesia representa y se abstenga de quitar importancia a un atentado tan grave y gratuito contra la sensibilidad religiosa de millones de españoles.

¿Acaso el Arzobispado renuncia a ejercer sus acciones y derechos legales en el ámbito civil cuando alguien lesiona sus intereses económicos? ¿Acaso no defiende con uñas y dientes sus prerrogativas fiscales y patrimoniales cuando cualquiera las pone en entredicho? ¿Es que no se vuelca todos los años en una intensa campaña para que los contribuyentes marquen la equis a favor de la Iglesia en sus declaraciones? ¡Pues aquí lo mismo! No se entiende tanto rigor defendiendo unas cosas y tanta flexibilidad (por no decir pasividad) con otras. Su Excelencia Reverendísima debería dejar de hacer el payaso y luchar a brazo partido por la dignidad de la Institución, cesar de lamer el culo al gobierno municipal y combatir las humillaciones y faltas de respeto que los rojos y las feministas infligen a los católicos día sí y día también. Lo que tiene que hacer monseñor es ponerse en su sitio y dejar de avergonzarnos a los creyentes.

Lamento tener que expresarlo con tanta crudeza, pero el arzobispo de Madrid se está comportando como una babosa en su esfuerzo por mantener una relación cordial con el Ayuntamiento. Me parece triste que no quiera enterarse de que los planes de Podemos y sus satélites son mearse en la Iglesia, en sus pastores y en sus fieles cada vez que surja la más mínima oportunidad, como vienen demostrando Carmena y Ada Colau desde que tomaron posesión de sus respectivas alcaldías. 

El arzobispo de Madrid se está comportando como una babosa

También me parece penosa la evolución de la Iglesia española en general. La mayoría de sus posturas y reacciones están más condicionadas por su poder real y su capacidad de influencia que por el cumplimento de su misión. En la España de hace cincuenta años, cuando la Iglesia contaba con el máximo respaldo social y político, un arzobispo no solo habría condenado con vehemencia un crimen como el de Rita Maestre, sino que habría desplegado todo su poderío para garantizar una represión ejemplar. Y hoy todo lo contrario. En una Iglesia arruinada, con los templos vacíos, con toda la prensa aireando sus miserias –ciertas o inventadas– , la ciudadanía pasando de los curas y los neomarxistas a las puertas del gobierno, ansiosos por arrasar todo vestigio de religiosidad, en una Iglesia así, digo, parece no haber lugar para la honra y la decencia, y nos tiene que tocar un monseñor Osoro que se suba la sotana hasta la cintura y se agache bien agachado para que el rojerío haga con él lo que quiera. Malo es que no proteste por la profanación de la capilla ni por el apoyo explícito de Podemos a esta agresión, pero que encima reste importancia a lo sucedido, disculpe a las responsables y se niegue a perjudicarlas en el juicio es un salivazo en plena cara de los pocos que seguimos respetando el papel de la Iglesia en nuestra sociedad. 

Está visto que debemos ir acostumbrándonos a que la Jerarquía eclesiástica, en su cobarde debilidad, trague con cualquier cosa antes que molestar a los peores enemigos del Cristianismo.


Más sobre este tema en La pluma viperina: ¡Toño, fuera de mi coño!

PAÍSES DESANGRADOS

Al juzgar el fenómeno de la inmigración nos obcecamos con los peligros inmediatos que supone para nuestra propia nación, para nuestra economía, empleo, seguridad e identidad, olvidando siempre que  los más perjudicados por los movimientos migratorios masivos son sin duda los países de origen. Para un pueblo consumido por el subdesarrollo o azotado por una crisis financiera no puede haber un drama más terrible que la desbandada de jóvenes en edad de trabajar. La emigración es una vergüenza nacional, un cáncer mortal, una manera de desangrarse perdiendo a chorros los mejores efectivos.

Es un poco como el éxodo rural que comenzó en Castilla hacia los años 60. Los más jóvenes, despiertos, emprendedores y ambiciosos huyeron del arado y de las casas de adobe al olor de las oportunidades y comodidades de la gran ciudad. En el pueblo se quedaron los más conformistas, los más miedosos, los más cómodos... los más tontos. Y hoy no hay más que ver cómo está el campo castellano y quiénes siguen en él.

Los países de emigración larga y sostenida quedan raquíticos e improductivos, resecos como una planta sin savia, anclados en ignorancias y extremismos paralizadores, con el freno echado para siempre. Agonizan mientras las potencias pujantes, las mismas que les hundieron en la miseria con el cuento de la descolonización, les roban impunemente los millones de manos y los millones de pies  que podrían sacarlos a flote.  

POR LA FUERZA

Tropas del General Batet utilizan la artillería contra el Palacio de la Generalitat tras proclamar Companys el estado catalán en 1934

Si algo hemos aprendido de la Historia es que cuando un conflicto se encona y las posiciones de las partes se tornan irreconciliables, la solución termina llegando de la mano de la violencia. Ello forma parte de la naturaleza humana y no hay que rasgarse las vestiduras.

También sabemos, por siglos de experiencia, que, una vez hablan las armas, siempre se impone el más fuerte, con razón o sin ella.

Por ello no se entiende la preocupación de muchos tras la aprobación ayer por el Parlament de la moción de inicio del proceso separatista. Si, como asegura Mariano Rajoy, hay una voluntad inequívoca de frenar la “desconexión” catalana, nadie debería temer por la integridad territorial de España, pues salta a la vista la descompensación de fuerzas entre el Gobierno de la Nación y la comunidad autónoma díscola.

En este contencioso, como en tantos otros en la accidentada trayectoria de nuestra patria, lo de menos es la verdad histórica o tener la ley a favor. Aquí lo primordial es demostrar una voluntad de acero (que no está claro que exista) y, ante todo, disponer de tanques, artillería y bombarderos, que es lo que les falta a Mas, a Junqueras, a la Forcadell y a la zorra que los parió.

La historia avala la inequívoca españolidad de la región catalana, que jamás llegó a ser una entidad política ni a gozar de independencia formal. España está legitimada constitucionalmente para plantar cara al secesionismo. Pero es que además, y es lo que importa a efectos prácticos, el Gobierno español tiene un ejército y la Generalitat no. Solo hace falta convencerse de que, llegadas las cosas a cierto punto, no quedará otra que aplastar físicamente la rebelión catalanista. Un despliegue relámpago de las Fuerzas Armadas en Barcelona pondría fin a esta provocación de forma inmediata y mucho menos cruenta de lo que pueda pensarse.

Mientras no nos mentalicemos de que ya es hora de poner encima de la mesa nuestro potencial militar, nuestra superioridad física, jamás se arreglará satisfactoriamente este problema. Cualquier otra solución administrativa, jurídica o económica, incluida la suspensión de la autonomía (que me parece razonable como paso previo), está condenada al fracaso, a ser pan de hoy y hambre para mañana.

Cataluña es como un niño pequeño enrabietado con el que ya no cabe otro argumento que el de unos buenos azotes en el culo.

Cataluña está pidiendo sangre y el deber de España es atender de una vez tan acuciante petición.

AQUELLA CANCIÓN DE TERESA RABAL

Teresa Rabal hizo su última gira hace tres años

El Papa Francisco dijo en junio que “es injusto acusar a los sacerdotes y obispos de comunistas cuando hablan de los pobres”. Tiene toda la razón, pero no solo pasa con los curas; es ya una vieja y odiosa costumbre de las clases sociales acomodadas, imbuidas de un conservadurismo egoísta, llamar rojo a cualquiera cuyas ideas contengan la menor pincelada de justicia social. A mí también me han llamado izquierdista varias veces a la cara, la última hace dos años un alto cargo del Partido Popular. 

El problema es que como tanto los militantes marxistas como las personas mínimamente solidarias y sensibles sin ninguna relación con la izquierda defienden mucho a los pobres y apuestan por fórmulas redistributivas, no siempre resulta fácil captar si ciertos discursos son socialistas o simplemente equitativos. Yo creo que muchas veces, si no se especifican soluciones políticas concretas ni se mezclan otros mensajes más o menos velados, es imposible notar la diferencia. Izquierda y sensibilidad social a secas tienen un área de confluencia innegable. 

A cuento de este asunto me he acordado de una anécdota musical de mi infancia. Con siete años alguien me regaló una cinta casette de la conocida cantante para niños Teresa Rabal, que, por aquel entonces, era un auténtico fenómeno mediático. Sus alegres y pegadizas canciones eran tatareadas por todos los críos de España y por sus mamás. También es cierto que esta artista, que aún colea, no era del agrado de muchos padres, debido a su fuerte compromiso con el PCE y a que las letras de sus temas eran, según algunos, excesivamente ideológicas e inapropiadas para niños de tan corta edad como para los que iban dirigidas. Es cierto que, siempre con un tono divertido, sus canciones rebosaban valores como la generosidad y la igualdad, y buscaban concienciar a las criaturas sobre ciertas injusticias sociales con mensajes a menudo subliminales.

A mí la Rabal me parecía un poco rollo, pero mis padres me la ponían a veces en el coche para distraerme, igual que hacían con otros muchos cantantes o grupos infantiles de la época. Pero hubo una canción en particular, posiblemente de las más polémicas, que se me grabó en el coco y nunca he conseguido olvidar. Supongo que me impactaría la letra, sin más, pero luego con los años, según se fueron fraguando mis ideas políticas y fui adoptando nítidas posiciones respecto al marxismo, nunca dejé de preguntarme si de verdad aquella cancioncilla tenía tufo izquierdista o era perfectamente asumible y aplaudible por cualquier cristiano coherente; si se trataba de un panfleto demagógico para inyectar en el cerebro de los peques el cianuro de la lucha de clases, o era una buena manera de inculcarles (¿quizá prematuramente?) el orgullo del trabajo honrado y los sentimientos de justicia. 

Me encantaría que los amigos de La pluma viperina la escucharan y me dieran su opinión sincera.

ELOGIO Y MATIZ A LA REFORMA DE LA LOTC

Ayer el PP inició en el Congreso la tramitación de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para permitir que este tribunal pueda imponer multas coercitivas e incluso inhabilitar a las autoridades públicas que incumplan sus sentencias, así como encomendar al Gobierno de la nación la ejecución subsidiaria de las mismas.

Aunque el Gobierno no ha reconocido oficialmente que esta medida está concebida para frenar los planes separatistas de Mas y sus socios, y, más en concreto, para atajar una posible declaración unilateral de independencia del parlamento catalán, todos sabemos que este es su verdadero fin, e incluso algún cargo del PP ha hecho expresivas declaraciones en este sentido, como las del portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, o las del propio candidato a la presidencia de la Generalidad, Xavier García Albiol, que ha advertido a los secesionistas que “la broma se ha terminado”.

De la forma más sintética posible, me gustaría dedicar un aplauso y, a la vez, hacer algunos matices a esta iniciativa de los populares.

El PP pretende obligar a los separatistas catalanes a cumplir todas las sentencias del Tribunal Constitucional

Un aplauso porque se trata de una reforma imprescindible de la LOTC, ya que ésta regula de forma demasiado escueta y genérica los mecanismos de ejecución de las resoluciones del tribunal de garantías constitucionales. Además, aunque la mayoría piensa que las multas y suspensiones se han pensado solamente para neutralizar una eventual declaración de independencia, lo cierto es que estos instrumentos ofrecen muchas más posibilidades, y, de hecho, van a permitir obligar al ejecutivo catalán a cumplir cualquier tipo de sentencia del alto Tribunal, y en especial las dictadas en materia de lengua y educación, ignoradas sistemáticamente por los nacionalistas.

La reforma es un acierto porque dotará al Estado del engranaje jurídico necesario para hacer frente a la chulería de Mas y sus mariachis, que ya han declarado en innumerables ocasiones que no están dispuestos a acatar las normas y las sentencias que supongan un obstáculo al proceso independentista.

Pero la medida merece también, si no reproches directos, sí algunas importantes matizaciones.

El primero de ellos es que responde, una vez más, al patético empeño de Rajoy en arreglar el problema catalán con argumentos puramente jurídicos y económicos, sin apelar en ningún momento al rico argumentario histórico que desmantela las patrañas separatistas. Da la impresión de que para el PP el único motivo por el que Cataluña no debe independizarse es porque sería ilegal (y en esto incide la reforma) y porque sus empresas perderían dinero como consecuencia, por ejemplo, de su abandono forzoso de la Unión Europea. Estas ideas está muy bien manejarlas, y reconozco que Rajoy ha gestionado esta estrategia de forma acertada, en especial su interlocución con la canciller alemana, pero la lucha contra los planes de ruptura de los enemigos de nuestra Patria no puede quedarse ahí.

Otro matiz es el indiscutible oportunismo del proyecto, en vísperas de unas elecciones generales más que problemáticas para el partido de centro-derecha. Salta a la vista que se trata de un guiño a sus potenciales votantes, normalmente sensibilizados (aunque no como debieran) con  el tema de la unidad de España.

También cabe poner en duda la eficacia de la futura norma, pues en la proposición de ley tan solo se señala que el Tribunal Constitucional “podrá” imponer las multas o acordar las inhabilitaciones a las que nos hemos referido. Quienes trabajamos diariamente en la redacción y tramitación de normas jurídicas y disposiciones administrativas conocemos bien el truco del almendruco del “podrá” y sus implicaciones prácticas, que, en este caso, pueden traducirse en que el Tribunal presionará o no a los catalanes díscolos según le convenga o según determine el Gobierno de turno (ya sabemos de su “independencia”) y en que esta rimbombante reforma, si progresa, termine convertida en papel mojado.

Más matices. Reconozco que a mí cualquier normativa de este tipo me va a dejar insatisfecho, porque lo que me gustaría de verdad es ver a Mas, a Oriol y a Tardà colgados de una encina, pero por lo menos reconozcamos que la cuantía de las posibles multas (entre 3.000 y 30.000 euros) es ridícula. Estas cantidades son tan simbólicas que podrían recaudarse en media hora pasando la barretina en una Diada.

Para terminar, hay que saber leer entre líneas esta proposición de ley. Por desgracia, su intención de fondo es evitar a toda costa tener que recurrir a la suspensión de la autonomía prevista en el artículo 55 de la Constitución para cualquier comunidad autónoma que “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”, cuando esta solución (junto con la de la encina) es de las más idóneas para acabar con las maquinaciones de la ralea catalanista.

TOPÓNIMOS REGIONALES

El problema de los topónimos en las regiones bilingües de España me parece sumamente complejo, y considero lamentable la demagogia y la manipulación ideológica en que se ha incurrido al respecto en nuestra historia reciente. Partiendo del régimen jurídico actual de estos topónimos, voy a analizar muy brevemente las diferentes situaciones que existen, las injusticias cometidas y cuál debería ser, a mi juicio, la situación ideal.

Desde la Transición el nombre de muchos municipios en las comunidades autónomas con otra lengua vernácula aparte del español ha sido objeto de encarnizados debates, que en teoría se han cerrado con la aprobación de las respectivas leyes de “normalización lingüística”. Resumidamente estas normas establecen el nombre no castellano como única denominación oficial de algunas entidades territoriales, entre ellas A Coruña, Ourense, Araba, Guipukoa, Bizkaia, Girona, Lleida e Illes Baleares, mientras que en otros casos se admite la doble denominación: Alicante/Alacant, Castellón/Castelló, Vitoria-Gasteiz o San Sebastián/Donostia.

¿Pero cuál es en realidad el topónimo originario de estas ciudades? ¿Cómo se llamaban cuando fueron fundadas y en qué momento y por qué se cambió el nombre? Son preguntas no siempre fáciles de responder, aunque, a grandes rasgos, podemos distinguir seis situaciones distintas:

1.- Municipios que tenían un nombre no castellano hasta que en algún momento de la Edad Media el territorio fue conquistado o anexionado por el Reino o la Corona de Castilla, usándose desde entonces y hasta hoy la versión en castellano. Los mejores ejemplos se encuentran en la actual comunidad valenciana, donde los reyes de Castilla modificaron los nombres de origen árabe de muchas poblaciones (Xátiva-Játiva, Alacant-Alicante…)

2.- Municipios que fueron fundados con un nombre en lengua castellana que después convivió durante siglos con la traducción o la transformación fonética de los vascohablantes. El caso más evidente es el de San Sebastián-Donostia.

3.- Municipios que fueron fundados con un nombre latino o castellano que se utilizó unánimemente durante siglos hasta que, con la llegada de la democracia, los nacionalistas impusieron su transformación artificial por motivos políticos. En este supuesto encajarían muchas localidades gallegas y vascas como A Coruña (La Coruña), Ourense (Orense) Saturtzi (Santurce) u Hondarribia (Fuenterrabía), así como las provincias de Guipukoa y Bizkaia, estas últimas con nombres primitivos en vascuence latinizado (Guipúzcoa y Vizcaya) cuya grafía ha sido alterada por los secesionistas para adaptarla al eusquera "unificado". Bilbao responde al mismo esquema, con el agravante de que “Bilbo” ni siquiera es hoy una denominación oficial; simplemente se trata de una invención que ha logrado difundir con éxito la Real Academia Vasca.  

4.- Municipios fundados con nombre navarroaragonés donde antes existía una antigua villa con nombre vasco. El ejemplo por excelencia es Gasteiz, refundada por el Rey de Navarra Sancho VI en 1181 como “Victoria”.

5.- Municipios con denominación histórica en lengua no castellana que, sin embargo, fue castellanizada durante los primeros años del régimen franquista. Son casos contados con los dedos de la mano y casi todos en Cataluña: Sant Boi de Llobregat (San Baudilio de Llobregat) y el barrio barcelonés de Poble-Sec (Pueblo Seco), entre otros.

6.- Municipios que han tenido varios nombres históricos desde la época romana, por lo que es imposible consensuar cuál es el correcto. Los dos casos más conocidos se encuentran en Cataluña. Uno es el de Lérida (Lleida), que en la España romana se llamó Ilerda; en tiempos de los moros, Larida, y Leyda tras la reconquista, y el otro sería el de Gerona (Girona), llamada Gerunda por los romanos y con una posterior evolución fonética. Ambos términos han sido indistintamente utilizados en Cataluña desde hace siglos.

¿Cuál debería ser en justicia la denominación oficial de estas poblaciones con independencia de la legislación actualmente en vigor?

En mi opinión, en los casos 1, 2 y 6 deberían mantenerse oficialmente ambas denominaciones, pues las dos cuentan con una amplia tradición histórica. Desgraciadamente en el caso 6 no es así, pues se han suprimido oficialmente los nombres en castellano (Lérida y Gerona).

En los casos 3 y 5 la denominación oficial debería ser únicamente la original (en el caso 5 así es legalmente)

En el caso 4 el nombre a mantener debería ser el consagrado por el Reino histórico correspondiente (en el ejemplo puesto, Vitoria).

Por último, y con independencia del nombre oficial que tengan todas estas ciudades y pueblos españoles, la Real Academia Española ha dejado bien claro que cuando se habla o se escribe en castellano lo correcto es emplear siempre la variante en esta lengua, igual que en español decimos Londres y Nueva York, y no London y New York.

PROGRAMAS MUNICIPALES DE EMPLEO

En la mayoría de ayuntamientos de España donde gobernará el rojerío merced a los acuerdos entre las candidaturas de “unidad popular” (qué escalofríos me da el nombre) y el hasta ahora partido de la casta PSOE, ya se han dado a conocer los paquetes de medidas sociales cuya implementación se prevé en la próxima legislatura. Una de las medidas estrella son los llamados programas municipales de empleo.

En teoría estos instrumentos permiten que, dada la situación de empobrecimiento de muchas familias debido a la crisis y al paro, los consistorios contraten directamente, atendiendo a criterios de necesidad, a desempleados de larga duración y a colectivos con especiales dificultades de inserción, para la realización de trabajos de interés social y utilidad pública destinados a “cubrir necesidades del día a día”, casi siempre en plazas de peón, jardinero u ordenanza. A veces también se inyecta dinero a empresas privadas para que “empleen” a estas personas en puestos tipo becario.

Pero esto no es nada nuevo. La cosa es que desde 2009 ya han sido puestas en marcha varias iniciativas de este tipo por diferentes corporaciones locales, y los resultados distan mucho de ser idílicos. Hablando en plata y sin circunloquios, lo que hacen estos ayuntamientos es generar, de forma artificial, puestos de trabajo que no se necesitan; se los inventan y punto. Por otra parte, la selección de los “trabajadores” la llevan a cabo asistentes y asistentas sociales con unos curiosos baremos basados simplemente en la antigüedad del paro y en los ingresos familiares, sin entrar a considerar para nada la cualificación profesional. 

Los efectos prácticos de estos inventos son los que cabe imaginar con semejantes premisas: Durante varios meses o años, los elementos más marginales y vagos de la ciudad, que jamás de los jamases han dado un palo al agua ni en crisis ni en bonanza, cobrarán una propina de 800 euros al mes a cambio de lucir un mono con las siglas del programa de empleo y rascarse las pelotas en los jardines públicos, haciendo como que podan el seto, o de leer el Hola sentados en una mesita en mitad del pasillo de las oficinas municipales. Tampoco hace falta ser un lince para acertar que los agraciados por esta humillante limosna (que pagamos todos) pertenecerán invariablemente a los grupos y sectores sociales más conocidos por su picaresca, comenzando por la gitanada, siguiendo por los inmigrantes más flojos del municipio y acabando, cómo no, por los familiares, amigos y conocidos de los miembros destacados de las asociaciones vecinales de izquierda.

Parados simulando trabajar en un proyecto municipal de empleo

Naturalmente estos planes son simples poses políticas de cara a la galería sin ningún efecto beneficioso para la sociedad, no tanto por la idea de fondo (que no es mala), sino por la forma escaparatista e ineficaz de desarrollarla. En principio, la cantinela -recurrente en los últimos siete años- de que sobran empleados públicos en todas las Administraciones casa muy mal con la decisión demagógica de sacarse de la manga nuevos puestos, de plantilla o no, para “dar de comer” a quienes probablemente comen mejor, gracias a sus actividades de economía sumergida, que muchos ciudadanos que nunca podrán acceder a un programa de empleo. También sucede que por muy partidarios que seamos de corregir el mercado de trabajo, no parece razonable que estas correcciones se traduzcan en falseamientos puros y duros de la necesidades municipales y de la realidad económica. Si de verdad se trata de integrar laboralmente a las personas con dificultades y de que realicen una actividad útil para que la prestación no se convierta en una simple ayuda social disfrazada, habría que tomarse muy en serio esta clase de actuaciones, buscando ocupaciones adecuadas, seleccionando correctamente a los candidatos (tras un examen exhaustivo de sus antecedentes y circunstancias), excluyendo a priori a los residentes extranjeros, evaluando el rendimiento en las tareas, despidiendo ipso facto a los que no sirvan o no rindan, y realizando seguimientos personales y acciones formativas paralelas para facilitar la absorción de estos desempleados por el mercado de trabajo convencional. 

Entre las tareas que se me ocurren para asignar a los parados en situación de emergencia y que me da en la nariz que serían rechazadas por muchos de ellos, están el desbroce de los montes para prevenir incendios, el apoyo a las labores de extinción de los mismos, la repoblación forestal o la limpieza permanente de nuestras playas. 

Pero mucho me temo que a la izquierda española, en perfecta coherencia con su trayectoria histórica, le interesa bastante más la propaganda que solucionar de una manera eficiente y justa la situación desesperada de millones de familias. Los programillas de empleo que ahora tratarán de vendernos como la panacea de la conciencia social no serán más que guiños electoralistas que no cambiarán nada ni ayudarán, ni siquiera a medio plazo, a nadie que de verdad lo necesite.

VOTO EN BLANCO, VOTO NULO Y ABSTENCIÓN

A ver si nos aclaramos:


VOTO EN BLANCO 

Votar en blanco es introducir en la urna un sobre sin papeleta.

En teoría representa la opción de aquellos votantes que, deseando participar en el proceso electoral, no se decantan por ningún partido. 

Se supone que muchos votos en blanco en un determinado país deslegitimarían a su clase política. 

Estos votos se computan como válidamente emitidos a efectos del escrutinio; suman en el total de sufragios sobre el que se calcula la distribución de escaños o concejales. Como para obtener representación en España es necesario un 3% de los votos válidos en las Elecciones Generales y un 5% en las municipales, en la práctica un porcentaje elevado de votos en blanco dificulta a los partidos minoritarios sacar representantes. Por lo tanto, votar en blanco en vez de abstenerse daña a los pequeños e indirectamente beneficia a los grandes.


ABSTENCIÓN 

Abstenerse es no ir a votar.

No todos los abstencionistas tienen las mismas motivaciones. La negativa a ejercer el derecho de sufragio puede implicar un desinterés por la política en general o por unas elecciones concretas, o bien una postura contestataria contra el modelo político vigente o el sistema electoral. 

Un alto índice de abstención deslegitima el modelo de participación y representación política existente en un país.

La abstención no tiene ningún efecto en el escrutinio. No beneficia ni perjudica a ningún partido.


VOTO NULO 

Consiste en introducir en la urna un sobre que no esté vacío pero contenga cualquier cosa diferente a una sola papeleta sin alteraciones (por ejemplo, meter dos papeletas, una raja de chorizo o una papeleta con tachaduras o nombres escritos. Sin embargo, el subrayado de algún candidato no anula el voto). 

Las consecuencias de votar nulo son exactamente las mismas que las de la abstención, ya que estos sufragios no cuentan para el escrutinio ni tienen ningún efecto electoral. 

Este tipo de “votos” está sobrevalorado, pues suele suponerse que expresa descontento con los políticos, cuando está demostradísimo que en prácticamente todos los casos se trata de errores involuntarios de votantes sin cultura y de tontos del pueblo. En cualquier elección la distribución del porcentaje de votos inválidos entre el medio urbano y el rural arroja las conclusiones tan políticamente incorrectas que todos os imagináis.

Así que votar de esta manera adrede es absurdo, incluso como protesta simbólica. La única explicación racional podría ser que alguien quiera acudir a las urnas (para constar como votante o ser visto ejerciendo su derecho, que no deber) pero no votar a nadie ni favorecer a los partidos mayoritarios votando en blanco, aunque es bastante dudoso que mucha gente se lo plantee de esta forma tan racional.