¿ANTIPROVINCIALISTAS O ANTIDIPUTACIONISTAS?

Diputación Provincial de Palencia

Anteayer PSOE y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo de investidura cuyo punto más polémico es la eliminación de las Diputaciones Provinciales. Este pacto ha reabierto una vez más en España el eterno debate entre provincialistas y antiprovincialistas, sobre el que merece la pena hacer unas breves pero imprescindibles puntualizaciones.

Antes de entrar en materia, conviene tener claro que la controvertida propuesta ha sido malinterpretada en casi todos los medios y foros públicos. Se ha dado por sentado que Sánchez y Rivera aspiran a reformar la Carta Magna para eliminar las administraciones provinciales, a fin de simplificar la maraña burocrática española, reducir el número de cargos políticos y ahorrar miles de millones de euros. Se ha sobreentendido que la idea es suprimir uno de los niveles administrativos territoriales.

Pero nada más lejos de la realidad. La formación naranja y buena parte de los sociatas no son antiprovincialistas, sino simplemente antidiputacionistas. Y no se trata de un matiz leguleyo; son conceptos que no tienen nada que ver.

Resumidamente, porque no quiero aburrir con disquisiciones jurídicas, Ciudadanos y PSOE no proponen que las provincias dejen de ser “una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado”. Y por supuesto tampoco pretenden alterar su condición de entidades (administraciones) locales con personalidad jurídica propia y “autonomía para la gestión de sus intereses”. Lo único que han prometido es sustituir el actual órgano de gobierno y administración de la provincia (la Diputación Provincial) por otro que se denominaría Consejo Provincial de Alcaldes. 

No hay más que repasar el artículo 141.2 de la Constitución: “El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo”. Es decir que no es obligatorio que el órgano de gobierno de la provincia sea la Diputación Provincial y, de hecho, en las provincias vascongadas existen las diputaciones forales, que son totalmente distintas y que, por cierto, están expresamente excluidas del pacto de investidura. 

En definitiva, con la propuesta de los socialistas y los butanitos las provincias seguirían existiendo, exactamente igual que ahora, como entidades locales con gobierno, cargos representativos y competencias propias. ¿Qué cambiaría? Pues todo apunta a que los Consejos Provinciales de Alcaldes serían órganos de gobierno más simples, más baratos y con menos funciones que las Diputaciones. De hecho en el acuerdo se recoge expresamente que a estas corporaciones les correspondería exclusivamente la “atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes”.

Se trata, por lo tanto, de una simple medida de simplificación que se traduciría en una reducción formal del número de altos cargos en España y en un alivio puramente simbólico de las partidas de gasto público. Subrayo lo de reducción formal, puesto que, aunque desaparecerían la figura del presidente de la Diputación y los diputados provinciales, qué duda cabe que alguien tendría que presidir estos nuevos Consejos y que los alcaldes que los integraran acumularían un poder equivalente al de los miembros de las actuales Diputaciones, amén de las jugosas retribuciones  y dietas que sería “necesario” asignarles.

Desde mi punto de vista, la medida mejoraría  la situación actual a pesar de ser un mero parche y no implicar en modo alguno la desarticulación del aparato administrativo provincial. Lo que me escama es que se haya incluido en un paquete de reformas constitucionales cuando, tal como aparece formulada en el texto íntegro del acuerdo de investidura, no parece indispensable tocar la Constitución para implementarla. Como ya he comentado, el artículo 141 permite encomendar el gobierno autónomo de las provincias a órganos representativos distintos de las Diputaciones, de manera que, en principio, la única reforma necesaria sería la de la Ley de Bases de Régimen Local. Pero admito que la cosa no es tan sencilla, pues si la implantación de los Consejos de Alcaldes supusiera un vaciamiento o una reducción drástica de las competencias provinciales, se lesionaría la autonomía de las provincias consagrada constitucionalmente y la operación no podría llevarse a cabo retocando sin más una ley ordinaria. Por ello la pregunta que yo me hago es qué términos y qué alcance tendría la reforma planteada, algo imposible de deducir de las dos líneas que el pacto dedica al tema.

En todo caso, nos guste o no la solución, no es una solución antiprovincialista. El verdadero antiprovincialismo (una doctrina fuertemente municipalista) condena el vigente modelo de división provincial por cuanto atenta contra el sentido común y contra la historia de nuestra patria, y considera que la existencia de las administraciones provinciales menoscaba la autonomía de los municipios. 

El debate de las provincias tiene mucha más enjundia de lo que nos quieren hacer ver. El quid de la cuestión no son los cientos de sillones de altos cargos ni los más de seis mil millones de euros anuales (y otros siete mil de eundeudamiento) que implican las estructuras provinciales, sino la situación absolutamente insostenible de la administración municipal española. No es admisible que, en pleno siglo XXI, de los 8.125 municipios españoles, 3.800 tengan menos de 500 habitantes y 1.041 menos de 100, situación que se agrava en regiones como Castilla y León, que cuentan con 2.248 ayuntamientos de los que más de 1.000 tienen menos de 500 empadronados y 700 menos de 100. Mientras se mantenga esta coyuntura y no se opte por la fusión de ayuntamientos ni se impulsen las comarcas u otras fórmulas asociativas racionales, tendremos que seguir sosteniendo costosos armazones supramunicipales (llámense diputaciones o como se quiera), auténticos engendros políticos, para prestar servicios a los vecinos de los miles de minúsculos pueblos que configuran nuestra geografía humana.  Además, en la práctica, este modelo equivale a un régimen de tutela y de dependencia institucional difícilmente compaginable con la autonomía local y con el municipalismo que muchos consideramos el pilar fundamental de una sociedad verdaderamente participativa.

Javier de Burgos creó las provincias

Basta analizar la opinión de los ciudadanos de cada región sobre las provincias. En aquellas comunidades autónomas (por ejemplo, las mediterráneas) en las que abundan los pueblos grandes, ricos y dispersos, la gente desconfía del sistema provincial y se muestra muy crítica con la labor de las diputaciones, que estiman superflua y en ocasiones invasiva. Por el contrario, en las regiones del interior, donde predominan las localidades diminutas y sin apenas presupuesto, se tiene un buen concepto de estas administraciones y se las considera imprescindibles para garantizar a todos los vecinos unos servicios públicos de calidad.

Lo ideal, no obstante, sería avanzar hacia formas de organización y gestión municipal que hicieran posible unos ayuntamientos más fuertes y autosuficientes, capaces de administrar sus intereses sin el concurso de patrocinadores e intermediarios. Y no estoy pensando solo en la fusión de entidades locales, que me parece una medida ineludible e inaplazable, sino en las diversas modalidades de asociación y cooperación entre municipios cercanos y vinculados histórica, cultural y económicamente entre sí, empezando por las comarcas, la gran asignatura pendiente en nuestro país. Las comarcas, mancomunidades, comunidades de villa y tierra, áreas metropolitanas y consorcios me parecen alternativas mucho menos artificiales que las provincias sea cual sea el órgano de gobierno de estas.


Más sobre este tema en La pluma viperina: ¡Al carajo las Diputaciones!

SANGUIJUELAS

¿Al logotipo de qué famoso partido político recuerda este cartel de los mindundis de Candidatura Independiente?

Candidatura Independiente (CI) es un partido político de corte regionalista y de ámbito casi estrictamente vallisoletano a cuyos postulados no voy a dedicar ni media línea. Su presidente es mi paisano Pedro Arias Fraile, un oscuro y oportunista constructor que lleva años desesperado por convertirse en concejal del Ayuntamiento de Valladolid. CI se presenta a las elecciones municipales y autonómicas desde 1999 y ha conseguido ediles en algunos pueblos. En 2011 concurrió en coalición con el minoritario Partido de Castilla y León, y a los comicios del próximo 24 de mayo optará a unas cincuenta alcaldías de la provincia de la mano de la formación de ámbito nacional, conocida en su casa a la hora de comer, denominada Ciudadanos de Centro Democrático, bajo las siglas "Ci-Ciudadanos".

Insisto en que este partido arribista no merece el esfuerzo de teclear cuatro veces, pero sí un jugoso comentario sobre su estrategia electoral. Como puede apreciarse en la foto que encabeza esta entrada, el logotipo escogido por Pedro Arias y sus nuevos amigos de Ciudadanos de Centro Democrático es clavadito al de la pujante organización presidida por Albert Rivera. La palabra "ciudadanos" aparece en un formato y en un color idénticos al de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´s). Delante de ella han colocado las siglas “CI” en una posición similar a la de la abreviatura “ C´s”. Y para rematar tan torticera faena, el amigo Arias ha disimulado al máximo la muletilla “de Centro Democrático”, que aparece en letra pequeña y en una esquina del anagrama. Decenas de vallas publicitarias con este emblema inundan mi ciudad estos días induciendo a confusión a los votantes.

Por lo visto, el coordinador regional en Castilla y León del partido de centro-izquierda (que no de centro-derecha como piensa el populacho) de origen catalán ha denunciado la situación a la sede nacional con la esperanza de que se adopten medidas legales cuanto antes, aunque la cosa no parece sencilla, ya que una denuncia ante la Junta Electoral tardaría meses en tramitarse y quizá no se resolviera hasta después de las elecciones. Desde la delegación regional de C´s Ciudadanos han señalado que “hay personas que intentan aprovecharse de la buena fe de la gente. Parecen los malos ciclistas, que van siempre a rebufo aprovechándose de los demás. En este caso, de un equipo ganador”. 

Que yo sepa, hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia.

Los secuaces de Arias juran que es una casualidad, pero no se lo creen ni ellos. El mencionado diseño ha sido escogido adrede para pescar votos ajenos. Es evidente que el día de las elecciones muchos vecinos, tanto de Valladolid capital como de la provincia, se harán la picha un lío ante letras y símbolos tan parecidos y votarán por error a Candidatura Independiente, sobre todo las personas mayores o poco familiarizadas con la actualidad política.

Sin entrar en cuestiones ideológicas y sin valorar políticamente a ninguna de las dos formaciones, me parece indignante (aunque no sorprendente) que pueda existir gentuza tan mezquina y tan cutre como para enmascarar con el trabajo y el éxito ajenos su propia insignificancia y mediocridad; como para usurpar descaradamente el nombre de un partido en auge para obtener unos beneficios a los que jamás podrían aspirar con sus propios medios, capacidad e inteligencia. Por desgracia este episodio no es más que una muestra de lo que en todos los ámbitos de nuestra sociedad sucede cada día: que chupando de una persona con talento siempre hay doscientas sanguijuelas que no valen ni su peso en mierda.

Tan repugnante artimaña no me sorprende del fundador y dirigente de CI, ya célebre por estos lares por sus llamémoslas audacias empresariales y urbanísticas, pero lo que me daría mucha pena es que, conociendo lo sucedido, algún honrado vallisoletano todavía votara conscientemente la lista de esta chusma en su municipio. Si un político es capaz de algo así en la precampaña es fácil adivinar cómo desempeñaría un cargo público. 

LOS ANDALUCES Y CIUTADANS

¡Repéinate menos y trabaja como los catalanes!

La semana pasada, en un mitin de campaña para las elecciones andaluzas, Antonio Sanz, Delegado del Gobierno en Andalucía, nos dejaba atónitos declarando: “Aquí no queremos que mande un partido llamado Ciutadans con un líder llamado Albert”. 

Ante el revuelo mediático que se ha montado, el intrépido jerezano se ha visto obligado a matizar sus palabras, pero el daño ya estaba hecho. Este personaje de aire caciquil, presidente del PP de Cádiz, puede dar ahora las explicaciones que quiera, pero ya han quedado al desnudo sus prejuicios anticatalanes. Lo grave del asunto es que estoy convencido de que miles de andaluces piensan como él, que la formación naranja es una cuadrilla de “catalufos” que desprecian su región y se han propuesto mangonearla. 

Aparte, yo me pregunto cómo habrían reaccionado los lolailos si la situación se hubiera dado a la inversa, es decir si en plenas elecciones al Parlament, un candidato cualquiera, no necesariamente separatista, hubiera despotricado contra un partido adversario por tener la sede central en Sevilla y un presidente llamado Curro que, encima, sesea. ¡La que se habría liado! Todos los representantes de la política, la cultura y la sociedad de la comunidad autónoma de Andalucía, empezando por el cateto de Antonio Sanz, habrían puesto el grito en el cielo y nos habrían mareado durante un mes con acusaciones de xenofobia, peticiones de dimisión, panegíricos de la identidad andaluza y evocaciones de la riqueza multiétnica de Al Andalus. Habrían llamado malaje al insensato y nazis a los catalanes en general, insistiendo hasta el hartazgo, sin venir a cuento, en que el pueblo andaluz es honesto y trabajador. Habrían convocado cientos de concentraciones de repulsa (en días de diario) y habrían armado más ruido que en la Feria de Sevilla, la Romería del Rocío y los carnavales gaditanos juntos.

Pero es que los complejos de nuestros compatriotas del sur no les permiten plantearse siquiera que quizá son ellos, esta vez personificados en el incauto Sanz, los que tienden a pecar de simplones, de tópicos, de desconfiados, de prejuzgadores y de ignorantes con respecto al resto de habitantes de la piel de toro.