LOS EMBUSTES SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE SORIA

El Ministro De Guindos ha dicho: "Si un funcionario no puede volver a ser funcionario...¡Esto qué es!". No nos tomes por idiotas, Luisito.

Si al ex Ministro de Industria, José Manuel Soria, le obligaron a dimitir de todos sus cargos por embustero (por negar su implicación en el escándalo de los Papeles de Panamá), ahora, por elemental congruencia, Rajoy, De Guindos y la Cospedal deberían hacer lo propio tras haber mentido como bellacos sobre la candidatura de Soria como director ejecutivo del Banco Mundial.

Estos tres jetas llevan toda la semana jurando que el señor Soria no ha sido nombrado para un alto cargo político, sino que simplemente ha obtenido un destino como funcionario, ofertado mediante convocatoria pública y provisto a través del procedimiento de concurso de méritos. Han insinuado que para desempeñar tal puesto es requisito pertenecer al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, al que pertenece Soria, y que el acceso al mismo es un derecho inherente a la carrera profesional de los funcionarios públicos de dicho Cuerpo.

Veamos una por una las macro mentiras que nos han intentado colar:

- Es verdad que el puesto de miembro del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial no es estrictamente un cargo de naturaleza política, sino funcionarial (son altísimos funcionarios), pero es tal su relevancia que las candidaturas deben proponerse por los gobiernos nacionales, en el caso de España por el Consejo de Ministros. 

Desde un punto de vista moral e incluso simplemente estético no parece nada razonable que un señor relacionado con una red de empresas ubicadas en paraísos fiscales desempeñe un cargo de semejante responsabilidad en un organismo internacional público de carácter económico. Es algo así como poner a la zorra a cuidar del gallinero. 

- Sí hubo una especie de convocatoria, pero no fue publicada en el BOE y ni siquiera en la página web corporativa del Ministerio de Economía. Solo se distribuyó a un reducido número de posibles candidatos, la mayoría funcionarios de élite de la Administración económica. Cierto que no hay ninguna norma que exija una forma concreta de publicidad de esta “convocatoria”, pues, como luego explicaré, no estamos ni ante un concurso de méritos ni ante un caso de libre designación, sino ante una propuesta discrecional de nombramiento a elevar al Banco Mundial.

- El puesto no exige necesariamente para su desempeño la condición de funcionario público ni mucho menos pertenecer al Cuerpo de Técnicos Comerciales. En la práctica la mayoría de los 25 directores ejecutivos del Banco Mundial son funcionarios de cuerpos económicos, pero no es obligatorio que sea así. De hecho, en la “convocatoria” solo se dice que “se valorará” la condición de funcionario y la experiencia en la Administración económica española. 

Además, aunque fuera obligatorio ser funcionario del Subgrupo A.1 (que insisto en que no lo es), debe tenerse en cuenta que también es imprescindible pertenecer a este Subgrupo para ser nombrado Subsecretario o Director General de un Ministerio (altos cargos políticos) y a nadie le parecería normal proponer para uno de estos puestos a un individuo tan poco fiable como José Manuel Soria. 

- El procedimiento selectivo no es en absoluto un concurso, como no hace más que repetir Pinocho Rajoy, que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza. Además, si lo fuera, el ex ministro no podría haber participado, pues lo habitual es que en las convocatorias de los concursos de plazas de funcionarios se exija estar en situación de servicio activo, y él pidió la excedencia hace casi 30 años y hasta ahora no ha solicitado su reincorporación.

- Pero es que tampoco es una libre designación. Al menos las convocatorias de puestos de funcionarios de libre designación deben publicitarse en el Boletín Oficial correspondiente, pues así lo exige la ley.

- ¿Qué es entonces? Pues se trata de una propuesta absolutamente discrecional del Consejo de Ministros, sin publicidad formal de la convocatoria, sin ningún requisito mínimo indispensable para participar y sin ningún procedimiento establecido. El nombramiento lo hace el Banco Mundial sin apartarse de la propuesta del Gobierno.

Como vemos el PP sigue haciendo méritos para que un nuevo Frente Popular tome las riendas del gobierno antes de diciembre.

CULTURA SUBVENCIONADA

Hace poco presencié en una cafetería un acalorado debate sobre la tauromaquia en el que uno de los tertulianos preguntaba irónicamente por qué tenían que concederse subvenciones a los toros si, como sostienen los defensores de la Fiesta, hay tantos aficionados. Argumentaba que si a la sociedad española le gustaran de verdad estos festejos, se sostendrían por sí mismos sin ninguna necesidad de financiación pública.

El comentario me divirtió mucho.

Es obvio que las corridas de toros no tendrían viabilidad sin el apoyo (y no solo económico) de las Administraciones públicas. No estoy seguro de que dejaran de celebrarse si el Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas y los ayuntamientos cortaran el grifo, pero no me cabe duda de que el precio de las entradas se duplicaría (como mínimo) y los espectáculos taurinos perderían su carácter popular para convertirse en un capricho de las clases acomodadas.

Si no fuera por las subvenciones públicas, las entradas de los toros tendrían un precio prohibitivo.

Pero es que no solo se subvencionan los toros. Hay multitud de eventos y actividades culturales y de ocio que son arropadas por los poderes públicos sin que nadie se escandalice demasiado, e incluso sin que nadie lo sepa. Podríamos empezar hablando del cine o del deporte (incluyendo el fútbol de Primera División), pero ello daría pie a interminables discusiones que me dan mucha pereza. Aunque hay otros ejemplos similares a los toros que sí vale la pena rescatar del olvido, y me refiero a la ópera y al ballet clásico, que, según me enteré el verano pasado en un reportaje de televisión, jamás podrían representarse en España si no fuera por las cuantiosas inyecciones de fondos públicos que reciben todos los años los dueños de los teatros y las compañías correspondientes.

Al margen de nuestra opinión personal sobre cada una de estas manifestaciones culturales, las preguntas que debemos hacernos son bien polémicas. ¿Debe estar sujeta la cultura al juego de la oferta y la demanda? ¿Tienen que desaparecer del mercado aquellas artes escénicas que dejen de gustar al público? ¿Debe el Estado abstenerse de fomentar o patrocinar cualquier tipo de espectáculo o expresión artística? ¿En realidad nuestras costumbres de ocio responden a nuestras verdaderas inclinaciones o más bien nos acaba "gustando" lo que a la Administración le interesa que nos guste y nos mete a todas horas por los ojos o nos pone mejores precios? ¿Debe el Estado inhibirse ante los gustos del público o tiene derecho a “educar” a la gente para que se sensibilice hacia ciertas formas de arte o de cultura?

Algunas de estos interrogantes son muy difíciles de responder, aunque ya nos imaginamos que desde el poder político se financian e impulsan aquellos eventos, museos, artistas y obras que, por muy distintos motivos, interesa, como dicen ahora los cursis, poner en valor.

A veces son motivos ideológicos, de tradición e incluso de identidad nacional o regional, como sucede con los toros o con los bailes folclóricos. Seamos sinceros: ¿a quién le interesan los bailes regionales? ¿Quién asistiría a una exhibición de jotas castellanas si no fuera gratis gracias a la subvención de turno? Es más: ¿quién sabría siquiera de la existencia de estas danzas si la televisión autonómica no las pusiera a todas horas y los ayuntamientos no les dieran siempre un espacio en los programas de fiestas municipales?

El Ministerio de Cultura subvenciona muy fuertemente a las compañías de ópera.

Otras veces son razones más bien educativas, como en el caso de la ópera. Todos sabemos que la ópera hasta hace unas décadas era un espectáculo carísimo y elitista, reservado a las familias más pudientes de la burguesía europea. Pero en un determinado momento los gobernantes se plantean que esté género constituye un patrimonio cultural de primer orden que debe ser divulgado al máximo entre todos los ciudadanos independientemente de su poder adquisitivo. Se entendió que había que hacer lo posible para que la gente se refinara y le empezaran a entusiasmar las obras de Verdi, Puccini o Wagner, y ahí empezaron las subvenciones de más del 80% de los costes. Y así la ópera, que –perdonad la catetada– a mí me parece un coñazo, ha dejado de ser un antojo de los ricos para convertirse en un antojo de los gobiernos, que se gastan un pastón en mantener artificialmente unas representaciones a las que no va ni Rita, y los que menos los albañiles. ¿Chapamos entonces el Teatro Real de Madrid o lo seguimos manteniendo entre todos porque da buena imagen y nos hace parecer muy cultos?

En no pocas ocasiones se mezclan motivos de ambos tipos, y tampoco es extraño que entren en juego intereses particulares de ciertos lobbies muy poderosos...

Toda esta reflexión podría extenderse a muchos otros ámbitos, como el de los museos. La mayoría de los museos del país son deficitarios. ¿Hay que cerrarlos o deben mantenerse para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a ciertos bienes culturales, sean o no de interés para el gran público?

Nada fácil, ya digo. Es complicado encontrar un equilibrio en este asunto, pero al menos deberíamos alejarnos de las dos posturas extremas. Una es la de sostener con dinero público actividades que realmente no interesan a la inmensa mayoría de los ciudadanos o incluso hieren su sensibilidad, solo para satisfacer intereses partidistas o sectoriales. Y el otro extremo es no hacer lo posible por dar a conocer a la sociedad, y sobre todo a las nuevas generaciones, las más valiosas manifestaciones de nuestra identidad cultural so pretexto de que están “pasadas de moda” o no arrastran a las multitudes. 

EL VOTO DE LOS ANALFABETOS

El vendedor de folletines al peso, aficionado a la historia de España y demagogo liberaloide Arturo Pérez-Reverte proclamó en la presentación de su último libro que “de nada sirven las urnas si el que mete la papeleta es un analfabeto”.

Con Don Arturo me ha pasado como con tantos embaucadores, que al principio, cuando empecé a seguirlo hace años, su discurso me pareció sincero, directo y sólido, pero luego, a los mil artículos más o menos, le cogí el tranquillo y me percaté de que no es más que un charlatán populista y un columnista para tontos. Su última frase sobre la validez de los sufragios es una prueba más de su trivialidad enmascarada con esas poses de sabio independiente con las que lleva veinte años haciendo creer a sus lectores que están empapándose de filosofía.

Lo que tiene que hacer Pérez-Reverte es centrarse en sus novelillas pretendidamente históricas y pretendidamente patrióticas sobre el Capitán Pichatriste, y ahorrarnos sus opiniones políticas, especialmente la última. No hace falta ser Einstein para hacernos una idea de que un catedrático de economía probablemente acuda a las urnas con mayor información y con el criterio más formado que un pastor de cabras de un poblacho de la Almería profunda (y dispensen la alusión regional). Pero ello no significa, amigo académico de la lengua, que el voto del primero sea más cualificado que el del segundo, ni que las urnas fueran a servir para algo si todos los votantes fueran doctores universitarios. El ejercicio del derecho al sufragio por los analfabetos más montaraces equivale en calidad y en utilidad al de los ciudadanos cultos y leídos, pues la postura política de unos y de otros se ha formado con base, exclusivamente, en las declaraciones de los partidos y en la información suministrada por el cuarto poder, es decir en falacias interesadas.

El catedrático y el cabrero votan en el fondo con idéntica inconsciencia. De los candidatos solo conocen un producto de marketing diseñado por las formaciones. De las ideas, si es que existen, solo habrán oído o leído dos o tres proclamas emitidas en el telediario o impresas en titulares. El más enterado, como mucho, se habrá chapado el programa íntegro de cada partido, es decir un compendio de mentiras milimétricamente estudiadas por un asesor de imagen, las más interesantes de las cuales se incumplirán sin sonrojo si sus autores llegan al poder. En cuanto a la situación real del país, las cifras del paro, y el resto de datos macroeconómicos o de cualquier tipo con los que podríamos valorar la gestión del actual gobierno, sobra decir que los filtros y la manipulación son de tal intensidad, tanto a favor como en contra, que, como suele decirse al principio de las películas, cualquier parecido con la realidad es por pura chorra.

Así que ni caso al padre del Capitán Colatriste cuando se empeña en que la educación es la única base de una democracia auténtica. En España nos salen los títulos universitarios por las orejas pero seguimos eligiendo a gentuza y a mangantes para que nos gobiernen, así que el quid de la cuestión debe de ser otro. Sin duda los ciudadanos con mayores recursos educativos y culturales resultarán más inmunes a ciertas formas de manipulación, pero la pregunta es: ¿lo suficientemente inmunes como para que sus votos no sean igual de nulos que los de los ignorantes supremos?

Quizá la clave de una verdadera democracia participativa y transparente esté en el control de la información por parte del pueblo, de la sociedad en su conjunto. Mientras siga secuestrada por media docena de clanes y por cuatro lobbies al servicio del poder financiero y de la banca, las elecciones y las urnas seguirán siendo una pantomima por muy cultivados que seamos los españoles.

NOVEDADES EDUCATIVAS

Ya lo decía Aristóteles: “Todos los que han meditado sobre el arte de gobernar a los hombres se han convencido de que el destino de los imperios depende de la educación de los jóvenes”. Por eso aquí nos gusta estar al tanto de todas las novedades sobre política educativa. 

Esta semana se ha encendido la polémica a raíz del borrador de una nueva reforma planteada por el Ministerio de Educación y de una propuesta de la Comunidad de Madrid. No puedo resistir la tentación de comentar rápidamente los principales puntos de estas iniciativas todavía en fase embrionaria:

1. Endurecer las pruebas selectivas exigiendo un buen nivel de idioma extranjero (con independencia de la especialidad) y de competencias digitales. 

Soy muy escéptico con el bilingüismo en la educación, tanto en el fondo como en la forma, pero puesto que esta va a ser la tendencia de futuro sí o sí, me parece muy lógico que en los concursos-oposiciones se introduzca el idioma como criterio de selección. Es una buena idea además para que los interinos más veteranos se pongan las pilas y se empiecen a tomar en serio las pruebas selectivas, adaptándose a las exigencias de los nuevos tiempos. Lo mismo digo de las competencias digitales: ¡Fuera de la educación quien no domine aquellas tecnologías imprescindibles para enseñar a los niños de hoy en día!

2. Conceder una mayor relevancia a la puntación obtenida en el examen que a la valoración de los méritos del candidato, incluida la experiencia docente. 

Ideal. Hace años que debería haberse adoptado esta medida para impedir que los profesores de bolsa con solera se sigan presentando cada dos años al concurso-oposición como a un mero trámite, sabiendo que con sus puntos de experiencia no necesitan hincar los codos. Esta propuesta beneficiará a los jóvenes recién titulados que se esfuercen en serio y acabará con las inercias injustas del actual sistema.

Las Administraciones dan una importancia desmesurada a la experiencia no solo en sus procesos selectivos, sino también en la promoción profesional (concursos de traslados), cuando es un criterio que por sí solo no revela idoneidad alguna. En los últimos tiempos, en las pruebas selectivas de educación, se ha optado por priorizar la simple antigüedad con la excusa de que es un dato muy objetivo, aunque en mi opinión el resultado no puede ser más arbitrario. Ojalá se valorara la calidad del desempeño antes que el número de años trabajados. ¿Cómo? Ahí le han dado.

3. El gobierno autonómico madrileño propone permitir el acceso a las pruebas de maestro a cualquier titulado universitario y no solo a los que hayan estudiado Magisterio. 

Una aberración intrusista y un insulto sin precedentes a la dignísima profesión de maestro, a la que se pretende seguir desprestigiando. Enseñar en Intantil y en Primaria requiere unas habilidades muy concretas y una formación pedagógica que ponga el acento en los procedimientos incluso más que en los contenidos. No basta con que cualquier licenciado haga un CAP o un máster para dar clase a los pequeños, como sugiere Ignacio González; es imprescindible una titulación universitaria específica.

EL BUZÓN DEL PRESIDENTE

Una de las obsesiones patológicas de nuestros políticos es demostrar a cada paso que tienen una actitud cercana hacia los ciudadanos y que son sensibles a sus problemas y necesidades. Podríamos poner como ejemplos multitud de gestos y declaraciones del día a día de cualquier cargo público, pero el caso más grotesco para mí es el del "buzón directo" del jefe de gobierno estatal, autonómico o municipal de turno. Es una cosa archiconocida; entras en la página corporativa de cualquier administración y allí te encuentras bien visible el clásico enlace (con un icono de buzoncito de correos) que reza “Escribe al Presidente”, “el Ministro te responde” o “el Alcalde on line”. 

Voy a explicar con detalle cómo funciona este servicio para que si a algún fiel lector de La pluma viperina se le había pasado por la cabeza utilizarlo, desista de la idea y así no pierda su tiempo ni se lo haga perder a los demás.

1º.- El político que ostente las funciones de jefe de gobierno en cada administración o entidad contará con un gabinete de tamaño variable integrado por personal eventual o por libredesignados, en el que una o dos personas se ocuparán del buzón de marras. Ni que decir tiene que el presidente o el alcalde no se leerán en su vida ni un solo mensaje dirigido a ellos.

El gabinetero dedicado a esta tarea abre cada mañana su correo electrónico y comprueba los mensajes del buzón que el sistema le ha redirigido desde la web. Coge cada mensaje, lo copia y pega en una carta, con papel precioso, y la dirige a la unidad concreta que en esa administración gestione el asunto de la reclamación, queja o pregunta del ciudadano. El oficio dirá simplemente que “recibido en el Gabinete (…) escrito de Dª Margarita Cano, que se acompaña, se dirige a ese Servicio por ser asunto de su competencia, debiéndose contestar en un plazo de quince días”.

Para ejemplificar supongamos que Doña Margarita escribe al Presidente de su comunidad autónoma para quejarse de que le han denegado una subvención que ha solicitado para instalar una caldera nueva de calefacción.

Si la Administración es un poco grande, las posibilidades de que el Gabinete acierte a la primera con el departamento competente se reducen bastante, máxime cuando el empleado responsable de hacer la gestión a menudo no ha sacado oposición alguna ni conoce en profundidad el organigrama de la organización.

2º.- Cuando el papel finalmente llega a su destino tras circular por varias secciones de nombre o cometido similar, acaba en la mesa del jefe de la unidad que tramita esas subvenciones. Si la queja de Doña Margarita es muy vehemente o denota irritación, este jefe llamará a sus compañeros de los despachos cercanos y, entre grandes risotadas, harán corrillo comentando los párrafos más cañeros. 

 A continuación, este funcionario encargará a uno de sus subordinados (perdón, colaboradores) que responda al Gabinete “cuando tenga un rato”.

Ya fuera de todo plazo, el pringado elegido para esta audaz misión simplemente buscará el archivo de Word de la resolución denegatoria de la ayuda, copiará el motivo de la denegación (que por supuesto ya fue notificado en su día a la interesada, que por eso se queja) y lo pegará en un nuevo escrito encabezado por el siguiente texto: “Recibido con fecha X escrito del Gabinete (…) en relación con la subvención de Doña Margarita Cano, se informa que la causa de la denegación de la ayuda es la siguiente: …”

3º.- El Gabinete recibe la respuesta y automáticamente (o sea en un mes) el encargado redacta una nueva carta, en un papel más bonito aún que el primero, con el emblema de la comunidad autónoma en relieve, que irá dirigida a Doña Margarita en persona. Esta carta no se limitará, ni mucho menos, a copiapegar las consabidas razones para no otorgar la ayuda, sino que será un verdadero prodigio de literatura funcionarial. Ya es sabido que los funcionarios son las personas más hábiles para escribir mucho texto sin decir absolutamente nada. 

El texto de este escrito, esta vez firmado (sin leerlo) por el mismísimo Presidente, siempre reúne, sin excepción, los siguientes requisitos formales y de contenido:

-          Nunca tiene una extensión inferior a la cara de un folio, aunque el asunto sea muy simple.

-     Deben aparecer necesariamente las siguientes palabras, verbos y expresiones: “agradecer”, “amable escrito” (aunque la queja sea agresiva) “mucho gusto”, “ servicios”, “ayuda”, “deseo”, “mejorar”, “como sabe”, “contacto” , “sin perjuicio de”, “en su caso” y "cordialmente".

-          Siempre ha de haber un párrafo que sea absolutamente ininteligible para cualquiera, incluso para su autor si lo releyera al cabo de… una semana.

-     Y en otro apartado se incluye una pastosa y enrevesada fundamentación jurídica que solo podría aclarar algo a los técnicos especializados y que la afectada ni entiende ni le resuelve duda alguna.

La rimbombante carta del Presidente, que la señora recibe a los seis meses, cuando ya ha vencido el plazo para recurrir y ni se acuerda del tema, podría ser como sigue: 

“Apreciada Sra. Doña Margarita Cano:

Recibido con fecha X su amable escrito en relación con la denegación de la subvención en materia de instalación de calderas de ahorro energético, en primer lugar le agradezco su reclamación, pues el interés que usted demuestra ayuda a la Administración de esta Comunidad Autónoma a mejorar cada día un poco más en la prestación de sus servicios. 

Tras interesarme por el estado de tramitación de su ayuda, contesto personalmente a sus preguntas con mucho gusto:

Las subvenciones en materia de calderas, convocadas mediante Resolución de 29 de noviembre de la Consejería de Industria (al amparo de la Directiva ZZ/2012, modificada por la Directiva HH/2012), no se rigen, como sabe, por el procedimiento de la concurrencia competitiva, habiendo de estar en este supuesto concreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo X de la Ley de Subvenciones (en redacción dada por la Ley X/2008, de 11 de marzo), a lo preceptuado en la Disposición Final Tercera de la citada norma en lo que se refiere, interpretado sensu contrario, a la disponibilidad presupuestaria, según señala la propia Ley XX/2012, de 20 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad, en su exposición de motivos cuando diferencia entre ayudas en concurrencia competitiva y ayudas concedidas directamente (que es su caso) sin criterios valorativos de comparación entre las solicitudes presentadas y hasta el límite de la consignación presupuestaria.

En conclusión, la ayuda solicitada ha sido denegada por el siguiente motivo:

“- Incumplimiento del requisito descrito en la Base 2.1.1-b) de la convocatoria, efectuada mediante Resolución de 29 de noviembre de la Consejería de Industria”

Es todo cuanto le indico, sin perjuicio de recabar, si así lo desea, más información poniéndose en contacto con el órgano gestor (teléfono XXXXXX) y de quedar expedita, en su caso, la vía administrativa o contencioso-administrativa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla cordialmente”

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Ayer tuve una discusión amistosa con un compañero sobre la diferencia entre Gobierno (políticos) y Administración (funcionarios), que por su interés me apetece reproducir aquí.

Mi compañero defiende que todas las actuaciones de la Administración deben responder a decisiones puramente técnicas y adoptadas por personal funcionario especializado con criterios de estricta eficiencia económica. Por ejemplo, según él, solo podría crearse un determinado ministerio u otro órgano tras un sesudo estudio de fuerte perfil financiero que demostrase que no hay otra forma más rentable, eficaz, barata, ágil y operativa de satisfacer la necesidad pública de que se trate. La decisión final –opina– debería tomarse de acuerdo con los informes técnicos emitidos al efecto por los cuerpos de especialistas en la materia.

Sin embargo, para mí esta tesis parte de la confusión tan habitual entre Gobierno y Administración, entre política y función pública.


Los políticos deciden y marcan los objetivos



Para empezar, la separación entre Gobierno y Administración es solo de carácter funcional. Ni los políticos son funcionarios ni los funcionarios son políticos. Ni los funcionarios gobiernan ni los políticos tienen por qué saber cómo traducir sus decisiones de gobierno al lenguaje jurídico y administrativo, ni cómo encajarlas adecuadamente en los cauces formales y procedimentales establecidos por la Ley. En conclusión: la Administración es un instrumento del Gobierno y, por lo tanto, de los políticos, para dar forma legal, ejecutar las decisiones de estos con estricto cumplimiento de la legalidad y afrontar los trámites ordinarios a que estas decisiones dan lugar.

Un ejemplo muy claro sería el de la misión de cada tipo de funcionario durante el mandato de dos gobiernos de ideología opuesta.

Si mañana llegaran al poder los comunistas y decidieran despojar de todos sus bienes a la Iglesia Católica y a los grandes terratenientes del país, el asesor jurídico (funcionario) debería limitarse a explicar al Ministro correspondiente (político) si es posible llevar a cabo esta medida a la vista del artículo 33 de la Constitución y de la Ley de Expropiación Forzosa vigente, de qué manera en su caso y, si resultara imposible a la vista de estas normas, qué aspectos de las mismas deberían modificarse y a través de qué procedimientos. Si la decisión se adoptara finalmente, un técnico del Ministerio (funcionario) prepararía la lista de fincas a confiscar, explicaría al Director General (político) cómo crear un nuevo y flamante Servicio de Expropiaciones Sociales, y organizaría el personal y los medios de este Servicio para cumplir la tarea encomendada. Los auxiliares (funcionarios) prepararían las notificaciones a los obispados y a los latifundistas, y archivarían los distintos expedientes que se fueran generando. Y por último, el Presidente del Gobierno (político) saldría en la tele proclamando a voz en grito “el fin de los privilegios injustos de una casta oligárquica que ha sometido a los pobres a un esclavismo de siglos”.

Y si ganara las elecciones un partido ultraliberal que decidiera suprimir todos los derechos de los trabajadores (¡uy, que esto ha sucedido de verdad!) e implantar un impuesto especial por ir a mear, sucedería exactamente lo mismo. Los letrados o los asesores ilustrarían al político de turno sobre cómo lograr ese objetivo (si la ley aplicable lo permite), los técnicos redactarían el Decretazo y los funcionarios de la ventanilla de Hacienda liquidarían el tributo recién inventado. Ni más ni menos. Es bien fácil de entender aunque algunos se resistan.

Los funcionarios dan forma, ejecutan y tramitan las políticas adoptadas por el Gobierno

Siguiendo con mi argumentación contra la postura de mi compañero, yo entiendo que las decisiones de los gobernantes se basan y deben basarse en criterios de oportunidad política y no necesariamente en criterios técnicos, ni mucho menos objetivos. La oportunidad política es un gran pastel difícil de cocinar y con muchos ingredientes, pero, sobre todo, para que no se eche a perder la masa es importante mezclar de forma equilibrada las razones de servicio público con los criterios de imagen, marketing y publicidad, pues no en vano entre los principales objetivos de un político está mantenerse en el poder para poder seguir gestionado los asuntos de estado según sus principios y sus valores. Por eso en las decisiones de gobierno algunas veces jugará su papel la eficiencia presupuestaria, pero otras muchas pesarán más argumentos mediáticos o relacionados con la posible popularidad de la política a adoptar. Lo que no es eficiente en euros puede serlo en las urnas, y además hay servicios que son ruinosos de por sí y no por ello pueden dejar de prestarse tanto por los ciudadanos como por la propia estrategia del partido en el poder. Volviendo al ejemplo de crear un nuevo ministerio u órgano, es cierto que hacerlo quizá fuera insostenible desde el punto de vista de su utilidad real o del gasto que conlleva, pero podría reportar valiosos beneficios políticos que, obviamente, corresponde a los políticos (y no a los funcionarios) valorar.

En cuanto a la participación de los funcionarios en este tipo de decisiones, me remito a mis ejemplos sobre cuál debería ser la labor funcionarial. Los funcionarios no están para decidir, sino para implementar las decisiones de los políticos, cada uno según su nivel y su función. El problema es que hay una zona fronteriza entre los políticos y los funcionarios en la que no termina de quedar claro quién toma las determinaciones y quién las lleva a la práctica, quién asesora y quién zanja el asunto, quién dice qué y quién dice cómo. Me refiero a los puestos más elevados de las estructuras organizativas funcionariales, a los niveles en que el político y el funcionario trabajan juntos, este último normalmente designado al margen de los cauces comunes de promoción profesional. En estos ámbitos, aunque la teoría nos enseña que es el empleado público quien aconseja, el Ministro o Director General quien aprueba la medida, y de nuevo el funcionario quien la convierte en un instrumento jurídico (plan, ley, reglamento) y la ejecuta, la práctica nos demuestra que a veces el grado de confianza y delegación es tan alto, que estos asuntos pueden ir de abajo a arriba en vez de de arriba a abajo, es decir que el técnico piensa y decide y el político asiente y firma. Lo normal, sin embargo, es que no sea así, y que como mucho los objetivos los trace, aun a brocha muy gorda, el señor político y el alto funcionario diseñe luego las estrategias concretas, los instrumentos, los procedimientos e incluso el plan de marketing para alcanzarlos. Eso sí, hay un gran margen de maniobra porque un objetivo normalmente puede cubrirse de mil formas diferentes e igualmente válidas.

LA CULTURA GENERAL DE LOS PROFES

La semana pasada, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho públicos los resultados de las últimas oposiciones a maestros de infantil y primaria, celebradas en 2011, que dejan patentes las profundas lagunas formativas de los aspirantes a profesor. Parece ser que solo un 13% de los presentados logró alcanzar una puntuación de 5 y que el nivel general está por los suelos, hasta el punto de no acertar una gran mayoría de los examinados ni las preguntas más elementales en una prueba específica de cultura general y cometer continuas faltas de ortografía. A pesar de ello, y tal como sucede en el resto de comunidades autónomas, hasta ahora es posible acceder a las bolsas de sustituciones sin necesidad de haber aprobado la fase de oposición del proceso selectivo (es decir el examen, ya que para ser funcionario también hay que superar un concurso de méritos).

En cualquier caso, la nota de prensa publicando los resultados de estos exámenes tiene ciertos tintes demagógicos y recuerda a los famosos libros de Antología del disparate, ya que se basa principalmente en un extracto de los gazapos más llamativos y anecdóticos.

Como ya sabemos todos, el Presidente de la Comunidad de Madrid ha transmitido su inquietud al Ministro de Educación, instándole a endurecer la carrera de Magisterio y a tomar otras medidas para acabar con el vergonzoso bajo nivel de los docentes españoles. El Ministerio se dispone a aprobar un estatuto del profesorado para, entre otras cuestiones, subir el listón en los concursos-oposición, y la Comunidad de Madrid ha anunciado que en próximas convocatorias no permitirá el acceso a las bolsas a quienes no superen el 5.

Ante estos hechos, me gustaría hacer algunas reflexiones y conocer también la opinión de todos nuestros amigos viperinos:

Esperemos que Wert devuelva la dignidad al profesorado público

1.- No es nuevo para nadie que el nivel cultural del profesorado español es llamativamente bajo. Todos conocemos maestros y profesores, pues constituyen un colectivo muy numeroso, y somos conscientes de que estos profesionales no fueron, por lo general, los más brillantes de la clase, de que a menudo tienen un conocimiento poco más que superficial de las materias que imparten y de que cometen faltas de ortografía. Yo conozco a dos profesores inteligentísimos y cultísimos, pero sé de muchos más (sobre todo interinos) cuyo nivel está por los suelos.

2.- Esto mismo también lo saben el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, sin que hasta ahora hayan dicho ni pío. Por ejemplo, dudo mucho que en el concurso-oposición de maestros de esta comunidad autónoma en 2009 los resultados fueran mejores que los de 2011 y sin embargo al gobierno de la Aguirre ni se le pasó por la cabeza impedir entrar en la bolsa a los que obtuvieran menos de un 5 en la siguiente convocatoria. ¿Por qué ahora sí? Sencillamente porque en estos momentos interesa reducir drásticamente el número de interinos debido al tenebroso escenario presupuestario.

3.- Los datos publicados, con tener una base cierta, son populistas, demagógicos y sesgados, amén de que perjudican gravemente la imagen del profesorado español y no hacen justicia a los buenos maestros, que también los hay, sobre todo en franjas de edad en las que no regía el actual sistema educativo.

Mucho cuidado con eso de la cultura general. Cierto que son exigibles unos mínimos, pero ¿cuáles?, ¿qué conocimientos son más y cuáles menos importantes? Nos sorprenderíamos si hiciéramos la famosa prueba de cultura general de la Comunidad de Madrid a muchos supuestos intelectuales y mentes privilegiadas. Al final, con los años y sobre todo en esta era de especialización radical, cada uno sabemos de lo nuestro. Me apuesto lo que sea a que muchos médicos, ingenieros, abogados o economistas de menos de treinta años tampoco habrían salido muy airosos del test.

4.- El bajo nivel del profesorado solo es una consecuencia más de la era LOGSE-LOE que ha consagrado el sistema educativo más aberrante y deficiente de la historia de España, so pretexto de la igualdad, la integración y la satisfacción de “necesidades educativas especiales”. Puede que los maestros sean uno de los grupos más afectados debido al especial perfil de los estudios universitarios de Magisterio, pero no son los únicos ni mucho menos.

5.- Estoy en contra de que una persona que comete faltas de ortografía pueda dar clase en ninguna etapa del sistema educativo.

No puede enseñar el que no sabe

6.- En las protestas que han organizado los profes y en sus manifiestos que podemos leer en las redes sociales repiten mucho la idea de que un docente no tiene por que ser “una enciclopedia andante”, sino un buen pedagogo y un transmisor de valores. Estoy de acuerdo solo en parte, pues considero imprescindible un nivel mínimo que garantice al menos (y hoy no lo garantiza) que los educadores sepan más que los educandos sobre las materias que explican. En primaria es absurdo que un maestro que no domina a la perfección la ortografía enseñe a leer a los niños. En secundaria es intolerable que enseñe historia un profesor que no se sepa de memoria y por orden todos los reyes españoles desde Isabel la Católica.

7.- La política de personal de las administraciones educativas ha sido vergonzosa hasta ahora. La plantilla del profesorado se ha sobredimensionado hasta lo imposible mediante el sistema de interinidad por bolsa. Se ha venido contratando a muchísimo más personal del necesario únicamente por razones políticas y sociales, en concreto para maquillar las cifras del paro de recién titulados en las comunidades autónomas, y ahora con la crisis este sistema no da más de sí y toca inventar pretextos para soltar lastre. Lo ve hasta un ciego: todos los licenciados de carreras sin salidas que no han conseguido otra cosa se pasan el año pululando de un pueblo a otro haciendo sustituciones en los institutos. ¿Alguien conoce a una sola persona que se haya presentado a estas oposiciones y no haya terminado trabajando alguna vez gracias a la bolsa? ¡No ha habido ninguna criba!

8.- La profesión de docente es una de las más importantes para la sociedad. Debería ser vocacional y gozar del prestigio que tuvo antaño, pero hoy se ha convertido, por diversos motivos, en el cajón de sastre de los titulados universitarios, lo que en el fondo nadie quiere ser pero no le queda más remedio. Los educadores se merecen todo el respeto y apoyo del Gobierno y de las administraciones, a través de medidas eficaces (e incluso duras si es necesario) que dignifiquen los estudios universitarios conducentes a la docencia y los procesos selectivos,  y les devuelvan el reconocimiento social que nunca deberían haber perdido, aumentando incluso las exiguas retribuciones del profesorado. Pero de momento el ejecutivo madrileño lo único que ha demostrado con su reciente campaña de prensa  es el mayor menosprecio hacia los responsables de la formación de nuestros niños y jóvenes, intentándoles colar su excusa barata para vestir electoralmente los próximos recortes de personal.

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¿FUNCIONARIOS VAGOS O POLÍTICOS DELINCUENTES?

No pasa una semana sin que el Ministro Montoro o el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, el inefable Antonio Beteta, se despachen con alguna gilipollez populista e insultante sobre los empleados públicos.

Ayer mismo, en vísperas del rejón que se va a meter a los trabajadores de las Administraciones, el Ministro ha dicho que “a España no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se tiene todo hecho”, ya que “hay que cumplir todos los días”, y que ya va siendo hora de que “la función pública vaya adquiriendo eficiencia en la prestación de servicios”.

Por su parte, Beteta ya nos escandalizó hace meses cuando manifestó que los funcionarios “podían irse olvidando del cafelito y de leer el periódico”.

Se barajan para mañana diversas medidas absurdas, ineficaces, humillantes y populacheras contra los derechos de los empleados públicos españoles, un colectivo en el que por supuesto hay de todo, pero que, por norma general y digan lo que digan los mamarrachos de los políticos, se caracteriza por su gran preparación y formación (hasta en los niveles más bajos abundan los universitarios), por haber accedido limpia y objetivamente a su puesto de trabajo, y por desempeñar una delicada labor que beneficia a toda la sociedad de forma abnegada y con vocación de servicio en casi todos los casos.

No sabemos con qué putadas concretas nos sorprenderán mañana los mamapollas que nos gobiernan, pero yo tengo una pregunta muy sencilla que lanzarles. Si Montoro y Beteta (y otros altos cargos de las Administraciones) están tan seguros de que los funcionarios se pasan el día tocándose las pelotas, leyendo la prensa, desayunando dos horas, escaqueándose, haciendo trampas en el fichaje, yendo de compras, y, en definitiva, en palabras de Montoro, no cumpliendo con su trabajo “todos los días”, ¿por qué en vez de bajar sueldos, quitar complementos y moscosos, o ampliar jornadas laborales, no abren expedientes disciplinarios contra todos los supuestos vagos y les echan a la puta calle?

La separación del servicio es una de las sanciones asociadas a incumplimentos muy graves por parte de los empleados públicos y la incoación de expedientes disciplinarios a quienes se sabe que incumplen no es solo una posibilidad que tienen los políticos, sino una obligación, pues, de lo contrario, estarían consintiendo esas conductas e incurriendo por lo tanto en el delito de prevaricación omisiva.

Y por lo que yo sé, que es mucho, en las Administraciones prácticamente no se tramita este tipo de expedientes.

Beteta, con un cafelito con ricino ibas a funcionar de lo lindo

Tal como hablan estos peleles da la impresión de que saben a ciencia cierta, con pruebas fehacientes, que muchos empleados públicos pierden el tiempo y no rinden, por lo que no se entiende por qué no se apresuran a incoar procedimientos disciplinarios a tutiplén para librarse de tanto personal inoperativo en vez de llenarse la boca de estupideces para bailar el agua a una opinión pública mal formada y equivocada que solo sabe tirar de tópicos.

Si afirman e insinuán continuamente que muchos funcionarios no pegan ni golpe e incumplen sus obligaciones, pero luego se niegan a meterles puros y a separarles del servicio, con lo fácil que sería pillarlos (ya que, según dicen, es tan manifiesto), solo cabe concluir que Montoro y Beteta son unos delincuentes, unos cómplices indeseables con la desidia, la vagancia y la inoperancia del personal de la Administración.

Moraleja: o dejan de decir imbecilidades o que se vayan a la cárcel, que es donde merecen estar.

REFORMA LABORAL

Desde ayer, el panorama laboral en España puede resumirse así:

1.- Se ha abaratado muchísimo el despido.

2.- Se ha mutilado el derecho laboral español y la intervención administrativa (de la autoridad laboral), eliminando garantías legales y sociales para los trabajadores.

3.- Se facilitan las extinciones de contratos y en especial se flexibiliza la justificación por parte del empresario de los despidos por causas económicas.

4.- Se ha creado una modalidad de despido libre descarado para las PYMES de menos de 50 trabajadores, al establecer un período de prueba de un año.

5.- Se ha potenciado la temporalidad y la precariedad en el empleo.

6.- Se privatiza el servicio de contratación, encomendándoselo a las sanguijuelas de las ETT´s.

7.- De momento se ha reducido la financiación por el FOGASA de los salarios e indemnizaciones impagados a los trabajadores.

8.- Se facilita al empresario trasladar a su antojo a sus empleados y cambiarles las condiciones laborales.

9.- Aunque formalmente se han establecido bonificaciones para fomentar la contratación indefinida, en la práctica se restringe y se dificulta su cobro.

10- Se permite dejar sin efecto las cláusulas salariales de los convenios colectivos si la empresa va mal.

11- Se ha ampliado la duración de los contratos basura.

12- Nos han engañado diciendo que se crea un contrato “para el fomento de la contratación indefinida” cuando ya existía hasta ahora prácticamente igual.

13.- Se estimula al empresario para que despida a sus trabajadores por ponerse enfermos demasiadas veces.

14.- Se ha establecido un régimen “a la carta” de horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial, dejando a los curritos a merced de su amo.

15- Se permite que los convenios colectivos de empresa regulen condiciones de trabajo inferiores a las fijadas en los convenios del sector, fomentando el caciquismo y la extorsión empresarial.

 

CONCLUSIÓN:

- Un retroceso escalofriante en los derechos sociales y en las condiciones de empleo, favoreciendo la explotación, el abuso y el esclavismo.

- Una reforma ajustada a las reivindicaciones de la patronal y un escupitajo a la cara de los trabajadores españoles.

- Una prueba más de que esta crisis al final van a pagarla los más débiles, los que menos culpa han tenido de la actual situación.

- Una reforma ineficaz, que no logrará reducir el paro, sino como mucho camuflarlo; que no incrementará el número de trabajadores, sino de contratos; que generalizará la inestabilidad y la precariedad; que retrasará la emancipación juvenil, y que potenciará la vergüenza de la emigración.

- Los sindicatos son de caerse la cara de vergüenza. Si no llega a ser porque la reforma la hace la derecha y porque con ella se les quita el monopolio de la formación subvencionada, los sindicaleros hubieran tragado como tantas veces.

HECHICEROS EN LA TELEVISIÓN CATÓLICA.

Soy un mal católico y peor practicante. Seguramente poseo todos los vicios y defectos habidos y por haber. Carezco totalmente de sentido de la modestia e, incluso, de la proporción. Y lo demuestro con estás dos últimas frases que acabo de escribir. Pero si de algo me puedo enorgullecer es de no ser un pelota ni un judiorro dispuesto a vender su alma por treinta monedas de plata.

Y quizás hoy, además, voy a sembrar la polémica. Y simplemente porque no entiendo cómo la Conferencia Episcopal no sólo no reacciona como es debido ante ciertas cosas. No sólo pasó de excomulgar al Rey Juan Carlos y al 90% de los parlamentarios españoles por la reforma de la ley del aborto con argumentos difícilmente digeribles. Tampoco condenó expresamente al Gobierno Aznar por aprobar las píldoras abortivas y una aberrante ley de reproducción asistida, tras presentar a los obispos un borrador falso, y asintió complaciente a la visita a Roma de Ana Pastor, entonces ministro de Sanidad, enfundada en su mantilla y su peineta. Quizás no entiendo los intrincados laberintos de la política.

A lo mejor soy demasiado corto para comprender que ciertas cosas no se pueden resolver a mandoble limpio o convocando cruzadas o muriendo en el circo. No sé, puede que San Ambrosio estuviera equivocado en estos tiempos en los que el Honor, la Verdad, la Lealtad y todas esas bagatelas tan fachas y preconciliares no tienen cabida entre los presupuestos y los planes estratégicos.

Puede que esté atontado y que, por eso, no comprenda que en la cadena de televisión de la Conferencia Episcopal Española, Popular Televisión, se retransmita, en horario nocturno, programas de telehechicería presentados por estafadoras nacionales y sudamericanas. Sabiendo que no sólo es una estafa si no, ante todo, un pecado, uno se pregunta si no será Alfredo Pérez-Rubalcaba o algún grado 33 quien programa la parrilla, generalmente muy mala, de esta emisora. ¿Para cuando sus ilustrísimas nos obsequiarán con pornografía o con, seguramente muy rentables, spots de abortorios?

Catecismo de la Iglesia Católica #2117: Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo -aunque sea para procurar la salud-, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítima ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo.

Más sobre este tema: Los brujos de Atocha.

ASÍ PASARÁ ALGUNO LA NOCHEBUENA

¿Dónde van a cenar algunos esta noche? ¿En las sedes de UGT o de Comisiones Burguesas? Perdón quería decir obreras aunque no sé por qué.

Pues no, cenarán en los comedores de Cáritas.

Gracias a Dios que ni a mí ni a ninguno de mis seres queridos le sucede esto. De sufrirlo, me presentaría en la Moncloa o en Ferraz con un palo. Se me pone un nudo en la garganta.

He decidido enviar este vídeo al Presidente del Gobierno junto a una carta en la que solicito su dimisión como regalo de Navidad. Quien quiera hacerlo puede utilizar este enlace.

POR FAVOR, CON EL SEÑOR MINISTRO (II)

Durante la espera, conocimos a un humorista que esperaba tomar nuestro mismo vuelo para actuar en Palma esa noche. Sobra decir que no pudo llegar.

Enterado de mi llamada a Pepe Blanco y entusiasmado por la idea, me pidió el número de teléfono del Ministerio y lo marcó en su móvil en modo de manos libres. En cuanto descolgó la telefonista, comenzó a hablar de una manera idéntica a José Luis Rodríguez Zapatero. Esta fue la conversación:

- Ministerio de Fomento, ¿dígame?

- Hola, señorita, soy el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y quiero hablar con Pepe Blanco.

- JA, JA, JA, JA.- La buena señora se partía a reír. - Esto es una broma, ¿verdad?

- ¿Una broma? No. Soy José Luis Rodríguez Zapatero, estoy viendo por la tele que se ha montado un pollo con los controladores y tengo que hablar ya con Pepiño.

- JA, JA, JA. Claro, claro. Le paso.

Unos segundos más tarde, descuelga el teléfono la misma señora de antes.

- Dígame.

- Hola, soy José Luis. Pepiño, ¿qué está pasando?

- ¿Pero con quiere usted hablar?

- Soy José Luis Rodríguez Zapatero y quiero hablar con el Ministro de Fomento, Pepe Blanco.

- Se ha equivocado usted. Esto es la peluquería.

- La peluquería, ¿de verdad? Pero, cabrón, ¿qué teléfono me has dado?

Comparativa entre el tiempo de Palencia y el que podría haber disfrutado en Palma de Mallorca. Eso sin mencionar la estupenda cena y el pacharán que tenía preparado la adorable novia de mi hermano, asidua lectora de este blog a pesar los cabreos que le provocan algunos artículos.