¿CONTRA LOS DESAHUCIOS?

Desde que la llamada Plataforma de Afectados por la Hipoteca (vinculada a los Indignados) empezó a impedir ejecuciones de desahucios por impago en diversos puntos de España mediante concentraciones “pacíficas”, yo he tenido sentimientos bastante contradictorios respecto a este asunto.

Parto de que el derecho a la vivienda es esencial y debería contar con una protección mucho mayor de la que le brinda nuestro actual ordenamiento jurídico. El derecho de toda persona a habitar en una casa digna está por encima de muchos otros derechos, entre ellos el de la propiedad de terceros o los derivados de negocios jurídicos celebrados legalmente con bancos o particulares. Puedo decirlo más alto, pero no más claro. Aun así, que cada uno me interprete como quiera.

Sin embargo, no debemos confundir el derecho a la vivienda con otras facultades que algunos quieren atribuirse alegremente. Una cosa es pretender que el Estado garantice un hogar adecuado a los ciudadanos con rentas más bajas (algo que, por otra parte, hacía mejor el franquismo que la puta democracia de ahora) y otra muy distinta es dar por sentado que todos los españoles tienen que tener por narices un piso en propiedad o tienen que vivir en una casa grande, ubicada en una zona de su gusto o incluso en el término municipal que les apetezca. Y de eso nada. El derecho a la vivienda jamás debería llegar tan lejos.

Ya digo que los poderes públicos deberían asegurar una vivienda para todos y no lo hacen. La primera premisa para hacer efectivo este derecho que el gobierno estatal y los autonómicos incumplen estrepitosamente es desarrollar una política seria de viviendas de protección oficial, en vez de la farsa vergonzante en que se han convertido los programas públicos de vivienda, a los que pueden acceder, aunque parezca cosa de locos, familias con ingresos de 6,5 veces el IPREM. Sinceramente, más que programas de vivienda social parecen medidas de apoyo a los constructores y a la banca.

Pero hay muchas otras cosas que el Estado podría hacer y no hace. No voy a hablar ya de meter en vereda a banqueros y a promotores, de fomentar una banca pública con créditos sociales o de regular de otra forma las condiciones hipotecarias introduciendo elementos de protección y garantía para las familias, porque soy consciente de la utopía que todo ello supone, de su incompatibilidad con las actuales reglas libremercantilistas del juego financiero. Pero las Administraciones bien podrían hacer un estudio de cada caso de desahucio y apoyar a los propietarios que justifiquen haber suscrito una hipoteca prudente y haber sido víctimas de una disminución de ingresos por causas de fuerza mayor. Este apoyo podría adoptar diversas modalidades: un aval, una subvención en casos excepcionales, un préstamo en condiciones especiales previo convenio con las entidades financieras, una bolsa de empleo social para casos de emergencia, la entrega provisional o definitiva de una vivienda social en condiciones asumibles por el desahuciado y los suyos, o una intermediación ante el banco para renegociar los términos de la hipoteca.

Estas soluciones y otras que se nos puedan ocurrir no tendrían que suponer necesariamente una carga para el erario público, pues el desahuciado protegido podría quedar obligado a restituir los préstamos, subsidios o ayudas cuando el estado de su fortuna mejorase, siempre bajo supervisión y seguimiento de esta circunstancia por la Administración, a fin de evitar fraudes y jetadas.

Se trata de que nadie se quede sin hogar por culpa del desempleo y a la vez de no privilegiar a los sinvergüenzas o a los inconscientes que se metieron en hipotecas temerarias y han vivido como marajás hasta el estallido de la burbuja. Las medidas contra el desahucio, como ya he insinuado, no tendrían ni muchísimo menos que garantizar que los afectados conservaran la propiedad de su piso y ni siquiera que continuaran viviendo en él. Habría que valorar cada supuesto concreto y actuar con equidad y con rigor, para evitar entre otras cosas que la gente se preguntara para qué sirve ahorrar, sacrificarse o comprar una casa barata cuando después, si te va mal y no puedes pagar la mensualidad, viene el Estado a regalarte el dinero o a buscarte piso.