¡AL CARAJO LAS DIPUTACIONES!

Ni al más tonto se le escapa que la organización territorial española y la multiplicidad de administraciones, consagradas en la sacrosanta Constitución, parece una burla sarcástica contra los principios más elementales de la lógica, de la economía y de la eficiencia en la gestión pública.

Ni al más tonto. Por eso antes de ayer el inefable Ministro José Blanco se preguntaba en una entrevista de prensa: “¿Tiene sentido que sigan existiendo las diputaciones provinciales? ¿Tiene sentido que haya tantos miles de ayuntamientos tan dispersos?”

La provincia fue un invento del centralismo gabacho que se importó a España tras la Guerra de la Independencia, sin ninguna tradición en nuestro país. Básicamente consiste en dividir el territorio del Estado en circunscripciones de extensión similar, sin criterio alguno, con escuadra y cartabón, para crear sucursales del Gobierno de Madrid con un representante del mismo al frente (el Gobernador Civil).

Junto a esta dimensión de división periférica del Estado, desde el principio se constituyó en cada provincia un órgano de gestión de los intereses comunes de los pueblos de la zona: la Diputación Provincial, que es una especie de parlamentillo de concejales que asume diferentes competencias benéficas, viales, e incluso agrícolas, económicas y educativas, que han variado mucho a lo largo de su historia. En casi todas las etapas las Diputaciones han sido un instrumento de la Administración central y se han visto más o menos subordinadas al Gobernador Civil.

Por así decirlo, la existencia de las Diputaciones venía justificada de alguna manera por la necesidad de desconcentrar ciertas funciones de repercusión muy directa en los ciudadanos en un órgano más próximo a su ámbito y que no podían desempeñar los Ayuntamientos por sí solos.

Las Diputaciones Provinciales cada vez fueron perdiendo más competencias en la medida en que se ampliaba y perfeccionaba el organigrama de los Ministerios y se reforzaba la estructura periférica de estos en favor de los Gobernadores.

La Constitución del 78, con su espíritu bobalicón y autonomista, consagra las provincias como administraciones plenamente autónomas y a las Diputaciones como sus órganos de gobierno. Fue una metedura de pata sin precedentes, pues dada la amplia autonomía reconocida a los Ayuntamientos y la creación de las Comunidades Autónomas, la administración provincial perdía todo su sentido y se convertía en un caro capricho que casi nadie sabemos para qué sirve.

En efecto, las Diputaciones han quedado relegadas a prestar asistencia a los municipios, a coordinar los servicios municipales y a prestar aquellos que tengan carácter supramunicipal. Todas sus competencias podrían ser asumidas por la correspondiente Comunidad Autónoma, a través de un departamento especializado en administración territorial, o gestionadas sin ningún problema mediante fórmulas de cooperación intermunicipal (federaciones, asociaciones, consorcios o áreas metropolitanas, por no hablar de la solución más compleja pero enormemente interesante de las Comarcas).

Pepiño ha dado en el clavo con su insinuación. Acabar con las Diputaciones supondría un ahorro inimaginable de tiempo y de dinero, amén de extirpar una institución asquerosamente liberal e históricamente ajena a nuestra tradición administrativa.

Esta medida sin embargo es de difícil ejecución, pues exigiría una reforma sustancial (si bien no del núcleo duro) de la Constitución, así como de todos los Estatutos de Autonomía. Pero por mí, encantado.

Y luego, cuando terminen de liquidar las Diputaciones, que llegue otro tan listo como el ministro gallego y proponga cepillarnos también las Comunidades Autónomas, que me parece una idea más brillante si cabe para acabar con tanto gerifalte, tanto despilfarro y tanto separatista, e implantar de una vez un auténtico estado unitario, única manera de prestar servicios de forma racional y eficaz.

Hace unos años se hizo una encuesta en Madrid y un porcentaje escandaloso de madrileños no tenía ni puta idea de qué Administración les prestaba cada servicio ni dónde tenían que pedir cada cosa. Entre Comunidad, Ayuntamiento y Ministerios se hacían la picha un lío. Y no me extraña. Así que, hala, a meter la tijera, Pepiño, a ver si tienes lo que hay que tener.